Caso AMVA: un juez decidirá si Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, pasa de su casa a la cárcel

Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, enfrenta un proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación en Antioquia por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Este último delito consiste en apropiarse, o permitir que otros se apropien, de recursos públicos. La imputación fue avalada el 15 de septiembre de 2026 y Quintero no aceptó los cargos: se declaró inocente y ha calificado la investigación como una persecución política.

Según la tesis de la Fiscalía, el imputado habría actuado como determinador, es decir, como la persona que habría impulsado a otros a cometer el delito, en el direccionamiento de seis contratos que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) suscribió con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, principalmente para la compra de kits de bioseguridad durante la pandemia. Los contratos suman cerca de 17.656 millones de pesos.

El ente acusador sostiene que la comisión ilegal empezó en el 20 % y luego se renegoció al 15 % de cada contrato. Así, se habrían desviado unos 2.481 millones de pesos: alrededor de 1.653 millones para Quintero, 693 millones para el exsubdirector administrativo y financiero del AMVA Álvaro Villada y 133 millones para Sebastián Ortega Urán, señalado como enlace entre los bomberos, los funcionarios y el imputado. Ninguno de ellos ha sido condenado.

El 2 de octubre, un juez con función de control de garantías de Medellín encontró una "inferencia razonable" de que Quintero participó en los hechos y le impuso medida de aseguramiento, una restricción de la libertad mientras avanza el proceso, pero en su lugar de residencia y no en un centro carcelario.

A Ortega lo dejó en libertad. El juez consideró que no estaban probados los riesgos que la ley exige para enviar a alguien a prisión, como la posible fuga o la obstrucción de la justicia, y se apoyó en un reporte de Migración Colombia sobre el arraigo del imputado en el país.

La Fiscalía, la Procuraduría y el AMVA, que actúa como víctima, apelaron. En la audiencia de sustentación del 5 de octubre, la Fiscalía argumentó que la casa por cárcel limita el movimiento de Quintero pero no sus comunicaciones, que según la investigación eran el medio para cometer el presunto delito. Además, sostuvo que el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal no permite la detención domiciliaria por peculado por apropiación cuando la cuantía supera los 50 salarios mínimos. El AMVA pidió también la detención de Ortega, a quien atribuye presiones a testigos. Las defensas pidieron confirmar las decisiones.

Un juez penal del circuito de Medellín tiene en principio diez días hábiles para resolver si confirma o revoca ambas medidas, aunque en la práctica estos recursos pueden tardar más.

En los últimos días, distintos medios citaron un informe de policía judicial con conversaciones de grupos de WhatsApp en los que, según los investigadores, Quintero aparecería como "Mr. M" o "nuestro jefe". En ellos también participaban Villada y Laura María Mejía, funcionaria del AMVA que obtuvo un principio de oportunidad, un beneficio que otorga la Fiscalía a cambio de colaborar como testigo.

El testimonio central es el de Misael Cadavid, exjefe de los bomberos de Itagüí, quien también colabora con la justicia. El extesorero Juan Alberto Cardona ya fue condenado tras un preacuerdo. Según El Tiempo, los chats de Mejía mencionan además a una excontratista del AMVA que habría sugerido ajustar información para que las cuentas lucieran en orden. La Fiscalía aclara que estas piezas hacen parte de una acusación en construcción y deberán probarse en juicio.

El caso hace parte de un conjunto de investigaciones por presunta corrupción en entidades de Medellín y su área metropolitana durante la administración anterior, en las que hay más de 55 personas procesadas de acuerdo con la información conocida.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué se decidirá próximamente en el caso de Miguel Quintero?

Un juez penal del circuito de Medellín resolverá si Miguel Andrés Quintero Calle pasa de la detención domiciliaria a la cárcel, tras la apelación de la Fiscalía, la Procuraduría y el AMVA.

¿De qué se le acusa a Miguel Quintero?

Se le imputan los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, por presuntamente cobrar coimas en seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí.

¿Por qué la Fiscalía y otras entidades apelaron la detención domiciliaria?

Argumentan que la casa por cárcel no limita sus comunicaciones, que fueron el medio para el presunto delito, y que la ley no permite la detención domiciliaria para peculado por apropiación con cuantías superiores a 50 salarios mínimos.