Carlos Ramón González reapareció en audiencia de acusación por caso UNGRD

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, reapareció hoy en la audiencia de acusación que se adelantó en su contra ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. 

La diligencia se está realizando de manera virtual, debido a que el exfuncionario permanece en Nicaragua desde que se conoció el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La audiencia que inició desde las 8:00 de la mañana fue presidida por la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila e implica un avance en el proceso penal contra quien es considerado uno de los exfuncionarios de mayor rango del gobierno de Gustavo Petro involucrados en el caso. González reapareció conectándose desde el exterior junto a su abogado defensor, Iván Cancino.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación imputó a González por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, en relación con el desfalco a la UNGRD, entidad encargada de la atención de emergencias y desastres en el país.

Según el ente acusador, el exdirector del Dapre habría desempeñado un papel central en el entramado de corrupción que se llevó a cabo desde el interior del Gobierno.  De acuerdo con la investigación, González habría ordenado el pago de sobornos y la asignación irregular de contratos a congresistas con el objetivo de garantizar respaldo legislativo a proyectos del Ejecutivo que se tramitaban en el Congreso.

Durante la diligencia, María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, presentó un documento de cerca de 60 páginas en el que detalló el presunto modus operandi del esquema de corrupción. 

En ese escrito se expuso que las órdenes iniciales habrían involucrado pagos ilegales por más de $60.000 millones de pesos, aunque el monto finalmente entregado habría sido menor.

Al inicio de la audiencia, representantes de la UNGRD, la Contraloría General de la República, la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y comunidades indígenas del pueblo wayúu solicitaron ser reconocidos como víctimas dentro del proceso. Mientras que la defensa de González cuestionó dichas acreditaciones y sostuvo que no se habían presentado pruebas suficientes para sustentar ese carácter.

En medio de la diligencia también surgió un cruce por la situación jurídica del exfuncionario, puesto que mientras algunos de los participantes lo calificaron como prófugo de la justicia por no haber comparecido físicamente ante las autoridades colombianas y no materializar la medida de aseguramiento, su abogado pidió que no se le nombrara así, al tiempo que solicitó que se mantuviera el respeto por las garantías procesales de su defendido.

La investigación ha sostenido que González participó activamente en reuniones realizadas en la Casa de Nariño, desde donde, según la Fiscalía, se habrían coordinado las decisiones clave del caso de corrupción, reforzándose en el hecho de que en ese momento el exdirector del Dapre tenía su oficina cercana al despacho presidencial, lo que habría aumentado su influencia dentro del Ejecutivo.