Cárceles bajo requisa masiva: Incautaciones récord revelaron fisuras del sistema penitenciario

Un operativo simultáneo adelantado en la madrugada del miércoles 28 de enero en 124 establecimientos penitenciarios del país dejó como resultado la requisa de cerca de 22.000 personas privadas de la libertad.

En medio de la incautación, se incautaron más de 1.300 celulares, en una intervención presentada por las autoridades como parte de la estrategia contra la extorsión que se origina desde las cárceles.

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, informó que las inspecciones se realizaron en 170 pabellones, con la participación de los Grupos Especiales del Inpec. Según el balance oficial, además de los teléfonos móviles fueron decomisadas aproximadamente 1.700 tarjetas SIM, 680 litros de licor y 27 kilogramos de estupefacientes, entre marihuana, cocaína y tusi.

De acuerdo con el Inpec, durante las requisas se identificaron nuevas modalidades para el ingreso de elementos prohibidos. En el caso de las bebidas alcohólicas, las autoridades señalaron que ya no se detectan botellas tradicionales, sino envases plásticos similares a los de gaseosas, utilizados principalmente durante las visitas.

En cuanto a los estupefacientes, se reportaron cambios en las formas de ocultamiento frente a las registradas en operativos anteriores. El balance fue presentado públicamente por el director del Inpec y el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quienes destacaron que el operativo inició alrededor de las 5:00 de la mañana.

Ambos insistieron en que estas acciones buscan demostrar control institucional sobre los centros de reclusión y reducir las comunicaciones ilegales asociadas a delitos como la extorsión, una problemática que ha sido denunciada de manera reiterada.

Sin embargo, durante el desarrollo del operativo en la cárcel La Picota, en Bogotá, se evidenciaron escenas que contrastaron con el discurso oficial. Allí, tras el ingreso de los guardianes y la salida de los internos al patio, se produjo un intercambio directo entre los reclusos y el ministro de Justicia.

Varios internos expusieron reclamos relacionados con la falta de agua, la calidad de los alimentos y presuntas extorsiones al interior del establecimiento. Estas intervenciones se dieron ante la presencia de cámaras y derivaron en reacciones colectivas de los presos, que cuestionaron las condiciones de reclusión. La situación llevó a que la rueda de prensa prevista se realizara fuera del pabellón y a que se cancelara la visita anunciada a otros patios.

El operativo concluyó con un balance numérico que el Gobierno presentó como evidencia de control, mientras que las escenas registradas en La Picota reflejaron tensiones persistentes entre la administración penitenciaria y la población reclusa.

El ministro enfatizó en declaraciones recientes que, aunque el resultado es importante por su magnitud inédita, es «triste» porque evidencia la facilidad con la que estos objetos ingresan a los penales, lo que sugiere una complicidad de funcionarios y fallas graves en las requisas.

Idárraga indicó que solicitó a la Fiscalía que investigue quién permite el ingreso de estos elementos. Según el funcionario, los métodos de contrabando han evolucionado, utilizando desde palomas hasta drones y posibles irregularidades en las visitas conyugales. Además, instó a verificar las cuentas bancarias de las personas que trabajan en el entorno carcelario debido a las transacciones sospechosas que facilitan este mercado ilegal.