Auditoría de la Contraloría detectó pagos sin soporte en Asmet Salud

La Contraloría General de la República informó sobre hallazgos fiscales por $24.849 millones tras una auditoría de cumplimiento practicada a Asmet Salud S.A.S., correspondiente a las vigencias 2023 y 2024. La revisión se concentró en la administración de recursos fiscales y parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El principal resultado del ejercicio de control está relacionado con giros por $23.426 millones que, según el ente fiscal, fueron autorizados sin justificación por la firma RG Auditores S.A.S., designada como interventora por la Superintendencia Nacional de Salud. De acuerdo con la Contraloría, esa sociedad modificó los valores inicialmente aprobados para pago directo a prestadores de servicios de salud.

Durante el período auditado, Asmet Salud certificó la postulación de 91 prestadores para recibir pagos por giro directo, por un total de $47.809 millones. Sin embargo, la auditoría identificó que 74 de esos prestadores recibieron montos superiores a los autorizados. A la fecha del informe, se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, mientras que $23.426 millones permanecen pendientes de recuperación.

La EPS manifestó que no autorizó los pagos que superaron los valores certificados y señaló que las decisiones fueron adoptadas por la interventoría. No obstante, la Contraloría indicó que no encontró evidencia de acciones administrativas o judiciales adelantadas por la entidad para reclamar los recursos frente a la firma interventora.

En 2024, Asmet Salud solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores involucrados en los giros. De los 74 implicados, 64 fueron citados a dichas diligencias: 27 rechazaron la conciliación, 29 no asistieron y 8 procesos se encuentran suspendidos. Esta situación ha limitado el avance en la recuperación de los valores señalados en el hallazgo fiscal.

Asmet Salud cuenta con más de 1,5 millones de afiliados en el país y cumple actualmente un proceso de intervención que se extenderá hasta mayo de 2026. La medida hace parte de las actuaciones adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud frente a distintas entidades del sector en los últimos años.

Según cifras oficiales de la Superintendencia, para 2025 la deuda acumulada de las EPS superaba los $30 billones. En este contexto, la Contraloría reiteró que, en su condición de gestora fiscal de los recursos del sistema, la EPS mantiene la obligación de adelantar las acciones necesarias para proteger el patrimonio público, independientemente de la intervención y de la responsabilidad atribuida a terceros en la autorización de los giros.