Álvaro Uribe deberá acudir a indagatoria mientras continúa el debate sobre las garantías procesales

La diligencia de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe continúa programada para este viernes 4 de septiembre de 2026, luego de que la fiscal encargada del caso negara la solicitud presentada por su defensa para aplazar la actuación judicial. La decisión mantiene vigente el cronograma establecido dentro del proceso.

La petición de los abogados del exmandatario se produjo en medio de un escenario procesal que involucra nuevas actuaciones y elementos que, según la defensa, deben ser conocidos y analizados antes de que Uribe rinda su declaración. La Fiscalía, sin embargo, decidió mantener la fecha inicialmente fijada para la diligencia.

Uno de los aspectos señalados por el equipo jurídico de Uribe está relacionado con la declaración que rendirá Salvatore Mancuso el jueves en Montería, un día antes de la indagatoria del expresidente. Los abogados consideran que el corto intervalo entre ambas actuaciones limita el tiempo disponible para revisar y controvertir el contenido de esa declaración.

A esta situación se suma, de acuerdo con lo reportado, que la Fiscalía ordenó nuevas pruebas que todavía no se han practicado y que el expediente procedente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no habría llegado de manera completa a los abogados de Uribe. Estos elementos hacen parte de los argumentos utilizados por la defensa para solicitar que la diligencia fuera reprogramada.

Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana han insistido en la utilización de los mecanismos jurídicos disponibles para solicitar el aplazamiento. La defensa sostiene que contar con el tiempo suficiente para conocer los elementos incorporados al proceso resulta necesario para preparar la intervención del expresidente durante la diligencia.

Pese a la negativa de la Fiscalía, el expresidente tiene previsto comparecer a la actuación judicial. Según el reporte conocido, Uribe plantearía durante la diligencia sus reparos frente al desarrollo del proceso y las condiciones con las que llega a la declaración.

El caso se encuentra además relacionado con un debate sobre competencias institucionales que permanece pendiente de resolución.

Cabe indicar que el proceso judicial está relacionado con hechos ocurridos hace más de tres décadas y con las investigaciones correspondientes a los casos de La Granja y El Aro. La actuación actual representa una nueva etapa dentro de un expediente que ha tenido diferentes actuaciones judiciales a lo largo de los años.

La controversia actual se concentra en el momento en que debe realizarse la indagatoria y en la posibilidad de que la defensa cuente con todos los elementos necesarios antes de la diligencia. Mientras los abogados de Uribe han solicitado modificar la fecha, la fiscal del caso resolvió mantenerla.

El desarrollo de la diligencia permitirá conocer la declaración de Uribe frente a los hechos que son objeto de investigación. Entretanto, el proceso continúa bajo las actuaciones de la Fiscalía y con la atención puesta en el debate jurídico sobre las garantías para las partes involucradas.