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Alarma en el sector rural por secuestro de ganadero en el Cesar: piden medidas urgentes

El pasado 8 de abril, el ganadero Luis Hernando Peña Rodríguez fue secuestrado en zona rural del municipio de Pailitas, en el departamento del Cesar, según denunció el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie.

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Redacción IFM
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Alarma en el sector rural por secuestro de ganadero en el Cesar: piden medidas urgentes

El pasado 8 de abril, el ganadero Luis Hernando Peña Rodríguez fue secuestrado en zona rural del municipio de Pailitas, en el departamento del Cesar, según denunció el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Peña Rodríguez fue interceptado por hombres armados mientras transitaba por una carretera del sector rural de Pailitas. Posteriormente, su vehículo fue hallado abandonado hacia las 2:00 p.m. en una zona enmontada, lo que llevó a activar un operativo de búsqueda liderado por el Gaula de la Policía y el Ejército Nacional.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente a los responsables, versiones preliminares apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el grupo detrás del secuestro. Esta organización armada ilegal tiene una fuerte presencia en la región y ha sido señalada en múltiples ocasiones como responsable de acciones similares.

La denuncia fue realizada por el propio José Félix Lafaurie, quien también es negociador del proceso de paz con el ELN, lo que le da un matiz aún más delicado a este caso.

“¡No más violencia contra los ganaderos! La delincuencia común, los grupos terroristas y los invasores de tierra (que se hacen llamar ‘recuperadores’) están desbordados”, expresó enfáticamente el dirigente gremial, al tiempo que hizo un llamado urgente a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para que protejan al sector rural y a quienes producen en el campo colombiano.

Desde Fedegán y distintos sectores ganaderos se insiste en la necesidad de una respuesta contundente del Estado, que incluya acciones eficaces de seguridad rural y el fortalecimiento de la justicia para castigar a quienes atentan contra la vida y la libertad de los habitantes del campo.

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