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Abogado de Verónica Alcocer radicó derecho de petición ante la Fiscalía para establecer si existen investigaciones en su contra

La defensa de la ex primera dama Verónica Alcocer García presentó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de conocer si actualmente existe alguna indagación o investigación penal relacionada con las recientes versiones difundidas en medios de comunicación tras la divulgación de unos audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán. En el documento, el abogado solicita información oficial para ejercer el derecho de defensa y proteger el buen nombre de su representada.

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Abogado de Verónica Alcocer radicó derecho de petición ante la Fiscalía para establecer si existen investigaciones en su contra

La defensa jurídica de la ex primera dama Verónica Alcocer García acudió formalmente ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar información sobre la eventual existencia de investigaciones o indagaciones penales que pudieran estar relacionadas con las recientes revelaciones difundidas en distintos medios de comunicación.

El documento, fechado en Bogotá D.C., 4 de agosto de 2026 y dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, corresponde a un "Derecho de petición - Solicitud de información sobre indagaciones en trámite respecto a la ex primera dama VERONICA ALCOCER GARCÍA", según se lee en el encabezado del oficio.

La solicitud fue presentada por el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, quien manifiesta actuar como apoderado especial de la ex primera dama. En el escrito explica que la petición surge tras la difusión de unos audios que, según se ha informado públicamente, corresponderían a manifestaciones realizadas por Eva Ferrer Galcerán.

En el documento, la defensa sostiene que "diversos medios de comunicación han difundido unos audios que, según se ha informado públicamente, corresponderían a manifestaciones realizadas por la ciudadana EVA FERRER GALCERÁN". Agrega además que, de acuerdo con lo expresado por la propia abogada de Ferrer, dichas grabaciones "habrían sido obtenidas y divulgadas sin su conocimiento y con vulneración de su derecho a la intimidad".

El escrito también señala que en esos audios "se menciona el nombre de mi poderdante, VERÓNICA ALCOCER GARCÍA, en relación con una serie de hechos que, en abstracto, podrían revestir las características objetivas de conductas punibles".

Asimismo, el abogado hace referencia a versiones que han circulado públicamente sobre la posibilidad de que algunos congresistas impulsen acciones judiciales relacionadas con esos hechos. En el documento se afirma que "ha trascendido públicamente que algunos congresistas tendrían la intención de promover una denuncia penal relacionada con dichos acontecimientos".

Con base en ese contexto, la defensa sostiene que existe un interés legítimo de la ex primera dama en esclarecer su situación jurídica. El texto indica que el propósito es "restablecer prontamente su buen nombre y el de su familia, acreditar la falsedad de las afirmaciones que la involucran, ejercer de manera plena y oportuna su derecho fundamental de defensa" y, de ser necesario, promover las actuaciones judiciales correspondientes frente a quienes hubieran realizado o divulgado imputaciones que consideren falsas.

Por ello, el abogado solicita a la Fiscalía informar si actualmente cursa "alguna indagación o investigación penal en su contra relacionada con los hechos a los que aluden dichas manifestaciones".

En caso de que exista una actuación en trámite, el derecho de petición solicita varias actuaciones concretas por parte del ente investigador. Entre ellas, conocer el número de noticia criminal y el despacho asignado, incorporar el poder especial al expediente, reconocer al abogado como defensor de confianza, disponer que sea citado a las audiencias de control posterior que se realicen y remitir copia de la noticia criminal, denuncia, informe o petición que haya dado origen a la actuación.

Hasta el momento de la radicación del documento no se conoce una respuesta oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación frente a esta solicitud. El derecho de petición busca obtener claridad institucional sobre la existencia o no de procesos en curso y permitir que la defensa ejerza oportunamente las garantías procesales que contempla la legislación colombiana.

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