A la cárcel tres procesados por trata de personas en un estudio webcam clandestino de Villa del Rosario

Lo que dice la Fiscalía

De acuerdo con la investigación, entre agosto y octubre de 2025 funcionó en una casa de Villa del Rosario un estudio clandestino de transmisión de contenido sexual en vivo. Allí habrían sido explotadas dos jóvenes: una de 19 años y una adolescente de 16.

Según el ente acusador, la mayor de ellas fue contactada a través de internet con ofrecimientos de trabajo y la promesa de recibir un porcentaje de las ganancias. Una vez dentro de la vivienda, las víctimas habrían sido sometidas a horarios estrictos, obligadas a atender las solicitudes de los usuarios de plataformas digitales y sancionadas con multas en dólares cuando incumplían las reglas impuestas.

Los hermanos Colina Herrera, de nacionalidad venezolana, serían quienes vigilaban la actividad y recibían los pagos en dólares provenientes de las plataformas. A ellos, además, la Fiscalía les atribuye el delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.

En el caso de la madre de la adolescente, la investigación sostiene que conocía la actividad que se desarrollaba en el lugar y permitió que su hija permaneciera allí. Medios regionales reportaron también que habría acordado pagos con un intermediario en línea, señalamiento que hace parte de la tesis de la Fiscalía y que deberá ser probado en juicio.

Qué significa la medida

La medida de aseguramiento intramural no es una condena. Se trata de una decisión preventiva que toma un juez de control de garantías cuando considera que existen elementos suficientes para inferir la posible participación de los procesados en los hechos y que su libertad podría representar un riesgo para las víctimas, para la comunidad o para el desarrollo del proceso. Los tres procesados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia en firme.

Al no aceptar los cargos, el caso continuará por la vía ordinaria: la Fiscalía deberá radicar un escrito de acusación y presentar sus pruebas en un juicio oral, en el que la defensa podrá controvertirlas.

Un delito con penas altas

La trata de personas consiste en captar, trasladar, acoger o recibir a una persona con fines de explotación, que puede ser sexual, laboral o de otro tipo. El Código Penal colombiano prevé circunstancias de agravación, entre ellas que la víctima sea menor de edad, lo que eleva de manera significativa la pena. De acuerdo con lo reportado, en estos casos la sanción puede superar los 23 años de prisión.

La frontera, zona de riesgo

El caso se suma a otras investigaciones de la Fiscalía sobre explotación sexual en la zona de frontera de Norte de Santander, donde la migración y la vulnerabilidad económica de muchas mujeres y adolescentes son aprovechadas por redes que ofrecen empleo a través de redes sociales. Las autoridades han advertido sobre el uso de estudios de transmisión en vivo no regulados como fachada para este tipo de conductas.

La Fiscalía recordó que cualquier caso de posible trata de personas puede denunciarse ante sus canales oficiales, la Policía Nacional o la línea gratuita nacional contra la trata, 01 8000 52 2020.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué sucedió en Villa del Rosario?

Tres personas fueron enviadas a la cárcel por presunta trata de personas y explotación sexual en un estudio webcam clandestino, donde dos jóvenes, una de 19 y otra de 16 años, habrían sido explotadas.

¿Quiénes son los procesados y cuáles son los cargos en su contra?

Los procesados son dos hermanos venezolanos, Colina Herrera, y la madre de la adolescente de 16 años. La Fiscalía los señala de explotar sexualmente a las jóvenes y a los hermanos también se les atribuye el delito de utilización de medios de comunicación para actividades sexuales con menores.

¿Cómo operaba el estudio clandestino y cuándo funcionó?

El estudio funcionó entre agosto y octubre de 2025 en una casa de Villa del Rosario, donde las víctimas eran sometidas a horarios estrictos, obligadas a atender solicitudes de usuarios y sancionadas con multas en dólares si incumplían las reglas.