A Daniel Quintero la Fiscalía imputó cargos, acusado de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción

Al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, le fue imputado el cargo de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. De igual modo a otras 12 personas, incluidos exfuncionarios de la misma administración.

En el inicio de la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y varios exfuncionarios de la administración municipal, se presentó un nuevo intento de dilatar el proceso judicial, enmarcado en el caso del controvertido lote de «Aguas Vivas». La audiencia comenzó a las 2:30 p.m.

En medio del desarrollo de la audiencia, se habló de problemas de conexión, además el abogado defensor de Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, pidió que no se permita que un representante de la Alcaldía de Federico Gutiérrez, asistiera a la audiencia, considerando que no era adecuado que esta pudiera intervenir el proceso, sin embargo no le fue autorizada su solicitud y siguió la diligencia.

La Fiscalía expuso con detalle los hechos que vinculan a Quintero y a Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General, como responsables de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. Según la investigación, los hechos ilícitos habrían comenzado en diciembre de 2014, cuando el terreno conocido como Aguas Vivas fue adquirido por la empresa IDC Inversiones, Técnicas Constructivas, y el empresario Juan Manuel Villegas, por un valor de $1.645 millones de pesos.

En un giro del caso, se conoció que el exgobernador Luis Pérez y su familia adquirieron un 15% del predio, aunque en 2016 lo devolvieron a los propietarios originales a cambio de recibir derechos sobre la finca adyacente Las Brisas.

Paralelamente a las investigaciones, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín modificó el uso del suelo del área, clasificándola como ecoparque con restricciones para su desarrollo. Ante esta situación, los propietarios del terreno ofrecieron cederlo gratuitamente al municipio como parte de una compensación urbanística, propuesta que se oficializó en mayo de 2020.

Sin embargo, en 2021, los propietarios reclamaron una compensación económica de $54.000 millones de pesos por la expropiación del terreno, una solicitud que fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado, que desestimaron la conciliación.

A esta hora aún sigue la audiencia y se espera que al finalizar el juez emita una sentencia, teniendo en cuenta que la defensa de los imputados rechazó la imputación.