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18 integrantes de grupo armado se sometieron a la justicia en Tumaco tras llamado del presidente De la Espriella

Dieciocho integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se sometieron a la justicia en Tumaco, Nariño, dos días después de la posesión del presidente Abelardo De la Espriella. Entre los integrantes de la estructura ilegal hay jóvenes que, según las autoridades, eran instrumentalizados mediante reclutamiento ilícito. En el procedimiento también fueron recuperados dos menores de edad e incautado un importante arsenal.

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18 integrantes de grupo armado se sometieron a la justicia en Tumaco tras llamado del presidente De la Espriella

Sometimiento y recuperación de menores

En Tumaco, Nariño, se registró uno de los primeros resultados reportados por las autoridades después del llamado del presidente Abelardo De la Espriella a los integrantes de los grupos armados ilegales para que abandonen las armas y se sometan a la justicia.

Un total de 18 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se sometieron a las autoridades. Dentro del grupo se encuentran jóvenes que, de acuerdo con la información suministrada, habrían sido instrumentalizados mediante mecanismos de reclutamiento ilícito para integrar la estructura armada.

Durante el procedimiento también fueron recuperados dos menores de edad. Su recuperación se suma al proceso de atención que deberán adelantar las autoridades competentes para garantizar su protección y restablecimiento de derechos.

El hecho ocurrió en Tumaco, uno de los municipios del departamento de Nariño donde las organizaciones armadas ilegales mantienen presencia y desarrollan actividades relacionadas con economías ilícitas. La operación fue adelantada por tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, perteneciente a la Tercera División del Ejército Nacional.

Incautación de armas y munición

Además del sometimiento de los integrantes de la estructura, las tropas reportaron la incautación de un amplio material de guerra.

En el procedimiento fueron decomisados 16 fusiles, tres armas de fuego, más de 3.400 cartuchos y 63 proveedores. El material quedó bajo custodia de las autoridades como parte de las actuaciones correspondientes.

La incautación representa una afectación a la capacidad armada de la estructura, particularmente por la cantidad de armas y municiones encontradas durante la operación.

El Ejército señaló que las acciones adelantadas en el territorio hacen parte de las operaciones destinadas a enfrentar a las organizaciones armadas ilegales y proteger a las comunidades de las zonas donde mantienen presencia.

18 integrantes de grupo armado se someten a la justicia en Tumaco tras llamado del presidente De la Espriella

El llamado del Gobierno a abandonar las armas

El sometimiento se produjo dos días después de que Abelardo De la Espriella asumiera la Presidencia de la República y planteara, durante su discurso de posesión, una nueva orientación frente a los grupos armados ilegales.

El mandatario afirmó que el Estado había ofrecido oportunidades de diálogo y sometimiento y sostuvo que esa etapa había terminado. Al mismo tiempo, abrió la posibilidad para que quienes integran esas organizaciones abandonen las armas y se acojan a la justicia.

La posición presidencial establece dos caminos para los integrantes de las estructuras ilegales: someterse a la justicia o enfrentar las operaciones de la Fuerza Pública.

El Gobierno también ha señalado como una de sus prioridades el fortalecimiento de las capacidades militares y policiales para recuperar el control territorial y combatir las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otras actividades criminales.

El caso registrado en Tumaco constituye, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, el primer reporte de sometimiento colectivo conocido después de la posesión presidencial. La entrega de 18 integrantes, la recuperación de dos menores y la incautación del arsenal fueron reportadas en el marco de las operaciones de la Fuerza de Tarea Hércules.

Las autoridades deberán continuar con los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes para determinar la situación individual de quienes se sometieron y garantizar la protección de los menores recuperados.

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