(OPINIÓN) Hay que parar a Petro parte (2) Por: Juan José Gómez

Las consideraciones anotadas en la columna anterior (Nº 1) son suficientes para demostrar que el señor Petro Urrego y su fórmula, la señora Francia Márquez, no pueden en sana lógica conservar el poder en nuestro país, porque nunca se prepararon para ejercerlo, sin mencionar la increíble cantidad de acusaciones que pesan sobre el actual presidente, que duermen el sueño de la tolerancia en la Comisión legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Pero apartémonos de esos expedientes y vámonos a lo que ya no necesita investigación porque está probado: la violación del artículo 109 de la Constitución Nacional, que en la parte que ahora nos interesa, y que corresponde al A.L. 1/2009, art. 3º, dice: “Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”.

Y sucede, amables lectores, que la campaña presidencial del 2023 que, según la Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a Gustavo Petro Urrego a la Presidencia de la República y a la señora Francia Márquez a la vicepresidencia, violó los topes máximos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (la autoridad competente) tal como se ha informado que lo comprobó la citada autoridad y que, al parecer, esa violación ya establecida se incrementó en forma considerable con elevadas donaciones de FECODE y de la USO, lo cual lógicamente  ya no requiere de nuevas investigaciones, ni nuevos retrasos, ni más tolerancia, ni más complicidad por parte de quienes en representación del Congreso, juez del presidente y de la vicepresidente de la República, tienen la obligación legal, moral, institucional y patriótica de actuar sin demora.

Por eso, esta columna es un llamado respetuoso al Congreso para que, en acatamiento a la responsabilidad que los electores depositaron en sus miembros y por el bien de la República, lo mismo que por temor a un merecido castigo electoral de los votantes, de una vez por todas decidan mediante el ejercicio del voto si la campaña de  Petro y Francia, gerenciada por el actual presidente de Ecopetrol  Ricardo Roa Barragán, es inocente o culpable y por consiguiente, se adopten las medidas claras, contundentes y constitucionales pertinentes.  Igual llamamiento se hace a los H.H. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que no dilaten más el cumplimiento de su deber en relación con lo que les solicitó el valiente, sabio y eminente colombiano José Manuel Abuchaibe, el abogado que ha sido el promotor del restablecimiento del derecho y de la vigencia de la Constitución, en el sentido de hacer caer el peso de la ley sobre los representantes que bordeando el delito de prevaricato por omisión han retrasado, por supuestos móviles políticos, lo que el principio de legalidad demanda de ellos.

Finalmente, dos peticiones que, de ser consideradas y eventualmente atendidas, posiblemente ayuden a sacar avante la democracia real para la fortaleza del pueblo colombiano, que espera ansioso que las instituciones nacionales funcionen en su favor. La primera es dirigida a la Honorable Corte Constitucional que si no me equivoco en usar la información que conocedores de la materia me han dado, tiene la facultad de asumir, de oficio, cualquier investigación sobre la vulneración de una norma constitucional -en este caso el artículo 109 de la Carta -y en consecuencia de ordenar lo que convenga para que cesen los efectos negativos y/o perjudiciales de la violación a una norma superior como es la que indudablemente hace parte de la propia Constitución Nacional.

Y la segunda, está dirigida a los líderes cívicos y políticos que suelen organizar los eventos populares y multitudinarios a objeto de que “la calle” se haga oír del gobierno, para que ya no se desgasten más en preparar y realizar una nueva marcha, manifestación o plantón contra Petro y sus desaciertos, eventos que desde luego son importantísimos pero que ya han avanzado bastante en el logro de su propósito,  sino que orienten su acción en el sentido de que la misma “calle” con el mismo orden que hasta ahora lo ha hecho y ojalá con igual o mayor contundencia y

Fervor democrático, haga sentir a los congresistas, especialmente a aquellos que han venido torpedeando la labor de la Comisión legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que el pueblo colombiano los vigila, analiza sus acciones y omisiones y con el derecho que le asiste por ser parte esencial de la Soberanía Nacional, sabrá recompensar o castigar electoralmente todos aquellos actos suyos que cometan en perjuicio de los altos y superiores intereses de la República.

El tiempo se agota. Ya no se puede esperar más. Por consiguiente, quede bien sentado que, por el bien de nuestra Colombia, la de ustedes compatriotas y mía, Gustavo Petro Urrego tiene que parar, o la Constitución Nacional será letra muerta, la República, aunque todavía susceptible de perfeccionamiento democrático terminará igual o peor que Cuba, Venezuela y Nicaragua, y la presidencia de la Nación quedará reducida a una vergonzosa dictadura con los comunistas en el alto gobierno y Gustavo Petro ejerciendo como titular de ella. “Alea jacta est”