Perú sigue sin definir rival de segunda vuelta: Denuncias por fallas logísticas escalan tras la votación

Con más del 90% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata lidera el conteo con cerca del 17% de los votos válidos, mientras la disputa por el segundo lugar permanece abierta entre Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Roberto Sánchez.

Las diferencias entre los tres aspirantes se mantienen dentro de márgenes estrechos, lo que impide definir con claridad quién avanzará al balotaje. Esta situación se desarrolla en medio de retrasos en el conteo y cuestionamientos sobre el desarrollo de la jornada electoral, marcados por fallas en la instalación de mesas y problemas logísticos reportados en distintos puntos del país.

El origen de la demora se remonta al día de la votación, cuando cerca del 30% de las mesas no se instaló a tiempo debido a la falta de material electoral. La situación tuvo un impacto particular en Lima, donde miles de ciudadanos en sectores como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac no pudieron ejercer su derecho al voto en los horarios establecidos. Testimonios de jurados de mesa señalaron demoras en la entrega de insumos, dificultades en los sistemas y extensas filas que se prolongaron hasta la madrugada.

Ante este escenario, el Jurado Nacional de Elecciones adoptó una decisión extraordinaria al habilitar una jornada adicional de votación el lunes en 13 centros electorales, con el objetivo de permitir sufragar a más de 50.000 ciudadanos que no lo habían podido hacer el domingo. Esta medida implicó un retraso adicional en el inicio del escrutinio en esas mesas, lo que se reflejó en el ritmo general del conteo.

Las consecuencias del proceso se trasladaron al plano institucional. El gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, presentó su renuncia y posteriormente fue detenido tras reconocer su responsabilidad en la demora en la entrega de los materiales. En paralelo, se conoció que la empresa encargada de la logística electoral había tenido vínculos como proveedora de la alcaldía de Lima, liderada por uno de los candidatos en contienda, lo que añadió elementos de controversia al proceso.

En respuesta a las irregularidades reportadas, el Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros funcionarios. A su vez, la Junta Nacional de Justicia abrió una investigación preliminar, mientras que el funcionario fue citado por el Congreso para rendir explicaciones sobre lo ocurrido.

En paralelo al conteo oficial, ejercicios de estimación como el conteo rápido de la Asociación Civil Transparencia e Ipsos han mostrado resultados similares, con Fujimori en el primer lugar y un empate técnico entre los aspirantes al segundo puesto. Sin embargo, estos datos no tienen carácter vinculante, por lo que el resultado definitivo depende del procesamiento acta por acta, especialmente en zonas donde el escrutinio se realiza manualmente.

El desarrollo del proceso también ha estado acompañado por pronunciamientos de actores políticos. Rafael López Aliaga realizó una convocatoria pública frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones en Lima, donde solicitó la nulidad de las elecciones y dio un plazo de 24 horas para adoptar esa decisión. En su intervención, pidió movilizaciones a nivel nacional en caso de no obtener respuesta a su solicitud.

Mientras tanto, el candidato Roberto Sánchez ha registrado un avance progresivo en el conteo, impulsado por resultados provenientes de regiones fuera de la capital, donde el procesamiento de votos ha sido más lento. Sus declaraciones han estado orientadas a respaldar la validez de las actas y a insistir en el respeto del proceso electoral en curso.

Frente a las denuncias de fraude, una misión de observación de la Unión Europea indicó que no encontró elementos que respalden esas afirmaciones. Por su parte, la Misión de Expertos Electorales del Centro Carter señaló que el marco normativo del país se ajusta en gran medida a estándares internacionales, al tiempo que hizo un llamado a respetar el desarrollo institucional del proceso.

Con más de 27 millones de ciudadanos convocados a las urnas en una elección que además marca el retorno a un Congreso bicameral, el proceso electoral en Perú continúa en etapa de definición, con un conteo que avanza de forma gradual y bajo observación de autoridades, organismos internacionales y actores políticos.

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