Catorce países respaldan el fallo sobre el mar de China Meridional y Pekín lo declara “papel sin valor”

La disputa marítima más persistente del Indo-Pacífico volvió al primer plano diplomático esta semana. El 12 de julio se cumplieron diez años del laudo dictado por un tribunal arbitral constituido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), con sede en La Haya, que resolvió a favor de Filipinas y determinó que las reivindicaciones expansivas de China en el mar de China Meridional carecen de base legal.

Un frente diplomático de catorce gobiernos

Los Gobiernos de Estados Unidos, Australia, Canadá, Estonia, Alemania, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Filipinas, Rumania, Eslovenia y el Reino Unido difundieron un comunicado conjunto en el que califican el laudo como “definitivo, jurídicamente vinculante y concluyente” entre Pekín y Manila. El texto reafirma la decisión del tribunal de que “no existe base legal” para los derechos históricos alegados por China y expresa una “firme oposición” al uso de guardacostas, fuerzas militares y milicias marítimas para hostigar u obstruir operaciones lícitas de otros Estados.

La Unión Europea emitió por separado una declaración de su alta representante en el mismo sentido, con un llamado a concluir un código de conducta efectivo y jurídicamente vinculante entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y China.

La réplica de Pekín

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino respondió el mismo 12 de julio con un pronunciamiento en cinco puntos. Sostuvo que el laudo “no es más que un papel sin valor, ilegal, nulo e inválido y sin fuerza vinculante”, y que China “no lo acepta ni lo reconoce”. El texto reivindica la soberanía sobre los archipiélagos que Pekín denomina Nanhai Zhudao y recuerda que en 2006, mediante el artículo 298 de la Convemar, excluyó las controversias de delimitación marítima de los procedimientos obligatorios de solución de diferencias.

El comunicado añade que, en una década, el laudo “no ha resuelto” las cuestiones marítimas con Filipinas y se ha convertido en “un obstáculo” para las relaciones bilaterales. China no participó en el proceso arbitral de 2016 y lo ha rechazado desde entonces.

El código de conducta, en punto muerto

El fallo de 2016 estableció que China no puede impedir la pesca de embarcaciones filipinas en el bajo de Scarborough y que las formaciones reclamadas en las Spratly no califican como islas, por lo que no generan zonas económicas exclusivas de 200 millas.

Japón fue el único país asiático, además de Filipinas, que suscribió el comunicado conjunto; la Asean, que integran varios Estados con disputas marítimas con Pekín, se mantuvo al margen. Manila, que preside el bloque este año, aspira a incorporar el laudo a un futuro código de conducta con un mecanismo obligatorio de solución de controversias, mientras que China defiende un instrumento limitado a la gestión de crisis y a las negociaciones bilaterales. El Gobierno filipino reiteró que continuará defendiendo sus derechos por vías diplomáticas y no militares.