INPEC a rendir cuentas a la Procuraduría tras fuga de alias ‘Pichi’

La Procuraduría General de la Nación tomó cartas en el asunto tras la reciente fuga de Óscar Camargo Ríos, conocido como alias «Pichi», quien se encontraba cumpliendo detención domiciliaria en Medellín.

En un comunicado, el ente de control solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que explique las circunstancias que rodearon la evasión del criminal y los protocolos de monitoreo que se llevaron a cabo durante su arresto.

El Teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del INPEC, recibió un requerimiento formal donde se le exige un informe detallado sobre cómo se gestionó la vigilancia del fugado durante su detención domiciliaria.

“Se ha solicitado un informe detallado sobre el monitoreo hecho por esa entidad a la pena domiciliaria que cumplía el mencionado delincuente, pues se requiere esclarecer las razones por las cuales no se actuó ante las transgresiones previamente reportadas”, indicó la Procuraduría.

Además, solicitó al INPEC un listado de los guardianes encargados de la vigilancia de alias ‘Pichi’, así como las fechas exactas en que el juez notificó la revocación de su beneficio de prisión domiciliaria. Esta información es crucial para determinar posibles responsabilidades en este escandaloso episodio.

La Procuraduría también pidió un informe sobre el funcionamiento del brazalete electrónico que llevaba el delincuente, buscando establecer si hubo alguna alteración en el dispositivo que pudiera haber facilitado su fuga.

Consecuencias de la fuga

La fuga de alias “Pichi” no solo resalta la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad del INPEC, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para gestionar adecuadamente a los reclusos que gozan de beneficios como la detención domiciliaria.

Con este requerimiento, la Procuraduría busca no solo esclarecer los hechos, sino dar con el paradero de alias Pichi, así como implementar medidas que eviten que otros delincuentes se beneficien de un sistema que parece tener serias fallas en su operación.

La respuesta del INPEC y las investigaciones que se deriven de este caso serán determinantes para restaurar la confianza pública en un sistema que ha estado envuelto en controversias y cuestionamientos por su efectividad.