Varios gremios del sector energético enviaron una carta al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, con copia a las comisiones quintas del Congreso, en la que expresaron sus consideraciones técnicas sobre el Proyecto de Ley 432 de 2025 Cámara, denominado “Por medio del cual se establecen mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”.
Las agremiaciones firmantes —Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, ACP, Cámara Colombiana de la Energía, Acce, Agremgas, Gasnova, Andi, Asoenergía y Ceera— manifestaron que, tras analizar el texto radicado por el Ministerio, “varias de sus disposiciones no conducen a una reducción tarifaria, y, por el contrario, podrían generar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio”.
El documento, fechado el 5 de noviembre de 2025, advierte que algunos artículos incluidos en el proyecto “ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y generan incertidumbre sobre las reglas de expansión de la oferta de energía”. Según los gremios, el país enfrenta un reto urgente en materia energética: garantizar el abastecimiento de electricidad y gas, hoy en riesgo por la falta de oferta suficiente.
“Sin expansión oportuna de la oferta no se lograrán tarifas competitivas y, peor aún, se comprometerá el abastecimiento de energía en el mediano y largo plazo”, señala la carta. Los gremios recordaron que, según información del operador del mercado mayorista, en los últimos cinco años ha entrado en operación menos del 30% de la generación comprometida y más del 50% de los proyectos de transmisión presentan retrasos.
En su comunicación, los firmantes también resaltaron que el proyecto de ley “no aborda los problemas estructurales del sector ni incorpora instrumentos que mitiguen el riesgo de desabastecimiento”, lo que —advierten— genera incertidumbre en las inversiones necesarias para garantizar el suministro de energía.
La misiva menciona además la situación financiera de los comercializadores de energía, que a septiembre acumulan saldos por recuperar cercanos a seis billones de pesos, de los cuales el 68% corresponde a deudas de entidades públicas.
Los gremios propusieron al Gobierno enfocar esfuerzos en cinco prioridades: garantizar los recursos para pagar los subsidios pendientes, asumir los saldos de la opción tarifaria anunciados por el presidente Gustavo Petro en mayo de 2024, definir el esquema de prestación del servicio de Air-e en la Región Caribe, contratar estudios técnicos independientes para evaluar las reformas propuestas y asegurar la ejecución de proyectos con seguridad jurídica.
“El sector energético comparte el propósito de mejorar las condiciones de los usuarios y mitigar impactos de cargas tarifarias, pero considera que esto debe lograrse mediante decisiones técnicas, concertadas y sostenibles”, se lee en la carta firmada por los presidentes y directores de las 14 agremiaciones.
Finalmente, solicitaron que los temas del proyecto sean revisados “con base en evidencia técnica, participación informada y diálogo institucional”, para garantizar la seguridad energética, la estabilidad jurídica y la confianza de los inversionistas en el país.
