Valencia cuestionó reactivación de MinIgualdad y cuestionó uso de $2,8 billones en su funcionamiento

En una serie de mensajes, la congresista calificó la entidad como un proyecto que, según su versión, no cumplió con los objetivos planteados durante su funcionamiento. En ese contexto, señaló que durante tres años se habrían destinado cerca de $2,8 billones al ministerio.

De acuerdo con lo expuesto por Valencia, el nivel de ejecución del Ministerio de Igualdad registró cifras bajas en distintos periodos. Indicó que, en promedio, la ejecución habría alcanzado el 8,8% durante los últimos años, y que varios proyectos de inversión presentaron avances limitados.

Según su publicación, en 2025 se estructuraron nueve proyectos de inversión, de los cuales cuatro no habrían superado el 1% de ejecución y dos se habrían mantenido por debajo del 10%. La congresista afirmó que estos resultados evidencian dificultades en la gestión de los recursos asignados.

En sus declaraciones, también hizo referencia a la creación de un mecanismo financiero incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, al que denominó un “fondo paralelo”. Según explicó, este instrumento habría sido utilizado para la vinculación de personal y la ejecución de recursos bajo un esquema distinto al régimen general de contratación.

Valencia indicó que, entre 2024 y 2026, a través de este fondo se vincularon 4.684 personas. Agregó que, sumando los contratos del Ministerio y del mecanismo mencionado, el número de vinculaciones superaría las 5.000 personas.

Dentro de los señalamientos, mencionó la participación de la empresa Laborando S.A., que, según su versión, habría suscrito cinco contratos por un valor cercano a los $96.871 millones para la provisión de personal en misión.

La congresista también se refirió a la ejecución de recursos destinados a eventos y servicios asociados. Indicó que el fondo habría celebrado dos contratos por $68.949 millones, con anticipos que oscilaron entre el 20% y el 30%, cifras que comparó con los recursos ejecutados en proyectos de inversión durante el mismo periodo.

En otro apartado de su pronunciamiento, señaló que, pese al número de personas vinculadas, el Ministerio suscribió contratos con la Universidad Nacional de Colombia por un valor de $6.401 millones para la formulación de políticas relacionadas con campesinado y discriminación.

Según Valencia, del total de $2,8 billones asignados al Ministerio de Igualdad, cerca de $2,1 billones habrían sido trasladados al fondo mencionado. En ese sentido, indicó que, con corte a febrero de 2026, la ejecución de esos recursos alcanzaba el 48,7 %, mientras que una parte de los fondos no contaba con asignación a proyectos específicos.

En su declaración, la senadora reiteró cuestionamientos sobre la destinación de los recursos y sostuvo que estos no habrían llegado a las poblaciones objetivo. Asimismo, hizo referencia a la contratación de personal y a la realización de actividades como eventos dentro de la ejecución presupuestal.

Finalmente, Valencia señaló que presentará un llamado al Congreso de la República para revisar la continuidad del Ministerio de Igualdad, en el marco de decisiones relacionadas con su funcionamiento y estructura. También recordó que había promovido acciones ante la Corte Constitucional en relación con esa entidad.

El pronunciamiento se produce en medio del debate sobre el futuro del Ministerio de Igualdad y las decisiones que el Gobierno nacional evalúa frente a su eventual reactivación, en un contexto en el que distintas voces políticas han planteado posiciones sobre su continuidad y resultados.

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