Gobierno anuncia revisión exhaustiva de esquemas de seguridad para firmantes de paz ante la JEP

En una comparecencia marcada por la firmeza institucional, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los lineamientos de lo que denominó una nueva etapa en la gestión de la protección estatal. Durante la audiencia celebrada el jueves 12 de noviembre, el funcionario, quien recientemente asumió la cartera política bajo la administración del presidente Abelardo De la Espriella, fue enfático al señalar que la asignación de recursos de seguridad entrará en un proceso de depuración técnica y financiera.

"En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad", sentenció Ordóñez ante los magistrados del tribunal de paz. El jefe de la cartera del Interior sostuvo que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene la instrucción clara de adelantar nuevos estudios de seguridad que se ajusten estrictamente a los estándares fijados por la Corte Constitucional. Según el ministro, los vehículos blindados y el personal de escolta deben ser destinados exclusivamente a quienes enfrenten riesgos reales y comprobables, subrayando que estos beneficios "no son a perpetuidad".

La magnitud del despliegue actual fue uno de los puntos centrales de la exposición. De acuerdo con las cifras oficiales presentadas, la UNP contaba, hasta el mes de septiembre, con un total de 699 esquemas de seguridad, tanto individuales como colectivos, asignados específicamente a la población de firmantes del Acuerdo de Paz. Esta operación representó una ejecución presupuestal cercana a los $294.742 millones durante el año 2025, una cifra que el Gobierno busca optimizar bajo criterios de necesidad y transparencia.

El ministro Ordóñez extendió la medida de revisión a los comparecientes que se encuentran bajo la jurisdicción del tribunal, con el fin de verificar sus niveles de riesgo actuales. En sus declaraciones, el funcionario fue tajante al afirmar que "no puede ser que con el dinero de los colombianos se paguen esquemas para que con ellos se delinca". No obstante, tras finalizar la sesión, el ministro aclaró que la protección para quienes cumplen con sus obligaciones ante la JEP se mantiene garantizada, siempre bajo la premisa de la legalidad.

El desarrollo de la audiencia no estuvo exento de controversia. Un intercambio tenso se produjo cuando Ordóñez manifestó que la legitimidad de la JEP se construye a través de "resultados y transparencia". Estas palabras motivaron la intervención del magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, quien solicitó al ministro ceñirse estrictamente a la materia de protección objeto de la citación. Ante la interrupción, Ordóñez reclamó el "debido respeto" alegando que no se le había permitido concluir su argumentación. Finalmente, la magistrada Reinere Jaramillo, en su calidad de moderadora, permitió el cierre de la intervención recordando la importancia de seguir los cuestionarios establecidos. En su conclusión, el ministro respaldó la intención del presidente de la JEP, Danilo Rojas, de agilizar las imputaciones y dar inicio a los juicios correspondientes.

La situación de seguridad de quienes dejaron las armas fue detallada por Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. El informe presentado revela una realidad preocupante: entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de octubre de 2026, se han registrado 533 asesinatos de firmantes de paz. Además, el balance de victimización incluye 1.584 casos de desplazamiento forzado, 31 desapariciones forzadas y 34 secuestros. Las investigaciones señalan como principales responsables de estos crímenes a las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, aportó un dato crítico sobre la efectividad de la prevención estatal. Según la funcionaria, el 67% de los homicidios reportados ocurrieron en zonas geográficas donde la Defensoría ya había emitido alertas tempranas. Marín hizo un llamado urgente a revisar no solo la oportunidad de las medidas de protección, sino también sus resultados concretos, instando al Gobierno a asegurar los recursos necesarios para salvaguardar la vida de esta población.

En contraste con las cifras de victimización acumulada, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, reportó una tendencia favorable en el corto plazo. Mora informó sobre una reducción del 70,8% en los homicidios de firmantes, calificando este comportamiento como la cifra más baja registrada desde la firma del acuerdo original. El alto funcionario explicó que la Fuerza Pública mantiene una vigilancia activa en 21 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), con un despliegue de más de 1.571 uniformados.

Sin embargo, el ministro de Defensa advirtió sobre un desafío logístico y de seguridad mayor: de los 10.954 firmantes registrados, 9.315 residen fuera de estos espacios protegidos, lo que atomiza los esfuerzos de vigilancia. Finalmente, Mora solicitó formalmente la modificación del Decreto 638 de 2025, argumentando que dicha norma excluyó a su cartera de la instancia tripartita encargada de coordinar la protección, una herramienta que considera esencial para la efectividad de la Fuerza Pública en el territorio.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué cambios anunció el Gobierno en los esquemas de seguridad de la UNP?

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, anunció una reestructuración técnica y financiera para que los esquemas de seguridad no sean permanentes y se asignen solo bajo riesgos reales comprobados.

¿Cuál es el costo y el alcance actual de la protección para los firmantes de paz?

Hasta septiembre se registraron 699 esquemas de seguridad individuales y colectivos, con una ejecución presupuestal cercana a los 294.742 millones de pesos durante el año 2025.

¿Cuál es el balance de seguridad de los excombatientes según la JEP?

La Unidad de Investigación de la JEP reportó 533 asesinatos de firmantes de paz desde diciembre de 2016, señalando a disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN como principales responsables.