Sarabia se desmarcó de escándalo en la salud tras afirmaciones de Petro sobre interventores

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro reactivaron la controversia alrededor del manejo de recursos del sistema de salud y el papel que habrían tenido altos funcionarios del Gobierno en la designación de interventores.

En medio de ese escenario, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, salió a rechazar de manera directa los señalamientos que la vinculan con el presunto desvío de dineros públicos durante las intervenciones a entidades del sector salud.

La polémica se originó luego de un pronunciamiento del jefe de Estado en un evento público, en el que aseguró que los interventores cuestionados llegaron a la Superintendencia de Salud a través de hojas de vida que no fueron presentadas por él, pero que habrían sido atribuidas a Sarabia.

En ese contexto, Petro se dirigió al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, señalando que fue inducido a error y que ese proceso afectó tanto las intervenciones como el trámite de la reforma al sistema de salud.

Las afirmaciones del mandatario abrieron un nuevo frente de debate político, al sugerir una cadena de responsabilidades internas en el Gobierno frente a decisiones que hoy son objeto de cuestionamientos por el destino de los recursos públicos.

En ese marco, Sarabia, quien anteriormente se desempeñó como jefa de gabinete y canciller, negó cualquier participación en la designación de interventores.

La diplomática sostuvo que no intervino en esos nombramientos y que esa posición ha sido reiterada por ella desde hace más de un año. Aseguró que su actuación dentro del Gobierno fue verificable y que existen registros documentales y conversaciones que respaldan su versión.

Según explicó, su gestión fue conocida tanto por el presidente Petro como por el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Sarabia también rechazó que se le relacione con lo que ha sido denominado como el “laberinto de los dineros de la salud”, expresión con la que se ha descrito el entramado de presuntas irregularidades alrededor de las intervenciones.

En su defensa, insistió en que no tuvo injerencia en decisiones administrativas relacionadas con la Superintendencia de Salud y que no gestionó hojas de vida para esos cargos. El cruce de versiones deja en evidencia las tensiones internas dentro del Ejecutivo y la falta de claridad pública sobre la trazabilidad de las decisiones que rodearon las intervenciones al sistema de salud.

Mientras el presidente atribuye la llegada de funcionarios cuestionados a un engaño dentro de su propio Gobierno, la excanciller señaló que no tuvo competencia ni participación en ese proceso.

Este episodio se suma a una serie de controversias que han rodeado la gestión del sector salud y la discusión de la reforma impulsada por el Gobierno, en un contexto marcado por denuncias de desvío de recursos y disputas políticas sobre responsabilidades.

Las declaraciones cruzadas entre el presidente y una de sus exfuncionarias más cercanas mantienen abierto el debate sobre quién respondió por las decisiones que hoy están bajo escrutinio público.

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