Presidente ordenó medidas de seguridad para magistrados y sus familias tras intimidaciones

El mandatario aseguró que una intimidación contra un juez o magistrado constituye una afectación directa a la administración de justicia, especialmente cuando busca generar presión sobre las decisiones adoptadas por los funcionarios judiciales.

Ante esta situación, De La Espriella señaló que impartió instrucciones a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional para incrementar las medidas de seguridad de los magistrados. Según explicó, el objetivo es garantizar que puedan ejercer sus funciones con independencia y sin temor por las consecuencias personales derivadas de sus providencias.

El presidente afirmó que realizará seguimiento directo al caso y sostuvo que la protección de los funcionarios judiciales representa un asunto de Estado. En ese sentido, aseguró que su administración utilizará los mecanismos disponibles para proteger la integridad de los magistrados y de sus familiares.

Dentro de las acciones adoptadas por las autoridades, el jefe de Estado informó que durante las primeras horas de la mañana se realizó una inspección en la celda de una persona señalada en la investigación como presunta responsable de las amenazas.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario, el procedimiento fue adelantado con participación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Durante la revisión de las pertenencias del interno fue encontrado un teléfono celular, elemento que quedó a disposición de las autoridades para las actuaciones investigativas correspondientes.

De La Espriella identificó públicamente al señalado como alias ‘Kiko Gómez’ y manifestó que, a partir del hallazgo del dispositivo, se adelantarán las investigaciones necesarias para establecer su relación con las intimidaciones denunciadas.

El mandatario no entregó detalles adicionales sobre el contenido del teléfono ni sobre los avances específicos de las indagaciones. La información conocida hasta el momento corresponde al procedimiento de inspección realizado en el centro penitenciario y al hallazgo del aparato electrónico.

Durante su intervención, el presidente fue enfático al señalar que las amenazas contra la Corte Suprema no serán toleradas y que quienes incurran en conductas de este tipo deberán responder ante las autoridades competentes.

El jefe de Estado sostuvo que la independencia judicial requiere que los jueces puedan tomar decisiones sin presiones externas y reiteró que el Gobierno garantizará las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de sus funciones.

La respuesta institucional se produce mientras las autoridades mantienen activas las investigaciones para determinar el origen y los responsables de las amenazas contra los magistrados. La inspección realizada en la celda del señalado y el hallazgo del teléfono celular hacen parte de las actuaciones anunciadas por el Gobierno.

Finalmente, De La Espriella indicó que, además de atender la situación relacionada con las amenazas a la Corte Suprema, su administración mantiene como prioridad la respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto y la reconstrucción de las zonas afectadas.

El Gobierno, según señaló el mandatario, continuará concentrando esfuerzos en la recuperación de los territorios devastados por el movimiento telúrico, al tiempo que mantiene las medidas de protección para los integrantes de la Rama Judicial.