Plan de reconstrucción propone nuevos mecanismos de control, financiación y ejecución de obras

El documento estructura el plan en cinco componentes principales: diagnóstico, operación, control, presupuesto y una visión de alianzas y compromiso nacional. El objetivo planteado es establecer procedimientos para mejorar la administración de los recursos destinados a obras de reconstrucción y garantizar mecanismos de seguimiento sobre su ejecución.

El primer componente contempla la realización de un censo y análisis de vulnerabilidad para determinar el estado de la infraestructura afectada. La propuesta plantea clasificar los inmuebles según el nivel de daño y establecer una microzonificación sísmica que permita identificar las condiciones del suelo y los niveles de amenaza.

Dentro de esta clasificación aparecen los inmuebles con pérdida total, las estructuras recuperables y aquellas que presentan daños irreversibles y requieren demolición controlada. Para los casos de destrucción total se plantea priorizar la construcción de nuevas edificaciones o la relocalización en zonas seguras.

En el caso de las estructuras recuperables, el documento propone intervenciones de reparación, reforzamiento y rehabilitación.

El segundo eje está enfocado en la selección de contratistas, el registro de proveedores y la obtención de recursos. El plan plantea procesos de contratación sustentados en la capacidad técnica, idoneidad y experiencia de los ejecutores.

También propone crear un registro unificado y homologado de proveedores de materiales e insumos para facilitar el abastecimiento de los proyectos.

En materia de financiación, la propuesta contempla donaciones de países y organismos aliados, aportes empresariales, contribuciones de la ciudadanía y el mecanismo denominado REXI, Reconstrucción por Impuestos. Este último permitiría que empresas y grandes contribuyentes destinen parte de su impuesto de renta a proyectos de reconstrucción priorizados y auditados.

El documento también plantea un régimen de urgencia para agilizar las licencias de construcción y ambientales, manteniendo el cumplimiento de los requisitos técnicos, constructivos y de protección ambiental.

El tercer componente corresponde al control fiduciario, la regulación de costos y la fiscalización. Se propone administrar recursos mediante fiducias y establecer controles sobre los costos de administración, imprevistos y utilidad, conocidos como AIU.

El esquema incluye interventorías técnicas para verificar la calidad de los materiales, los cronogramas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. También incorpora auditorías financieras independientes, control fiscal y mecanismos de participación ciudadana.

El cuarto eje plantea realizar compras masivas de materiales como cemento, acero, hierro, tuberías y elementos eléctricos, con el propósito de aprovechar economías de escala.

Asimismo, contempla una coordinación con el Ministerio de Hacienda para organizar la contratación y ejecución del gasto público. Los pagos a contratistas y ejecutores estarían vinculados al cumplimiento de hitos y estándares de calidad, bajo esquemas de supervisión e interventoría.

Finalmente, el quinto componente plantea una estrategia basada en transparencia, rigor técnico, eficiencia, sostenibilidad, integridad y rendición de cuentas.

La propuesta también relaciona como aliados estratégicos a organizaciones empresariales, fundaciones, compañías privadas, organismos internacionales y entidades estatales. Entre los nombres y logotipos incluidos en la infografía aparecen la ANDI, Proantioquia, Propacífico, Organización Luis Carlos Sarmiento, Grupo Santo Domingo, Grupo Gilinski, Banco Mundial y Gobierno Nacional.