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Petro insiste en tesis de fraude electoral y expuso nuevos argumentos sobre la demanda de nulidad de las elecciones

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la demanda de nulidad presentada contra la elección presidencial de 2026. En una extensa publicación en sus redes sociales, el mandatario desarrolló los argumentos que, según afirmó, sustentan la acción judicial, centrando su explicación en una supuesta "asimetría de información" entre la Registraduría Nacional y la ciudadanía durante el proceso de escrutinio electoral.

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Petro insiste en tesis de fraude electoral y expuso nuevos argumentos sobre la demanda de nulidad de las elecciones

Horas después de anunciar oficialmente la presentación de una demanda de nulidad contra la elección presidencial de 2026, el presidente Gustavo Petro publicó un nuevo mensaje en el que profundizó los argumentos que, según él, sustentan la acción judicial promovida por un grupo de ciudadanos.

En su publicación, el mandatario señaló que la "primera condición para comprender la demanda de nulidad presentada por la ciudadanía por fraude electoral" es la existencia de una supuesta "asimetría de información" entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, sus contratistas y la ciudadanía.

Petro afirmó que este concepto tiene un alcance constitucional y sostuvo que durante el proceso electoral existieron diferencias en el acceso a la información que, a su juicio, impidieron una auditoría independiente y completa del escrutinio.

El presidente aseguró que existe una "ASIMETRÍA INFORMACIONAL crítica y restrictiva", argumentando que mientras la Registraduría y los contratistas del software de escrutinios mantienen el control de los registros internos del sistema, a la ciudadanía se le entregan archivos digitales con información limitada.

Según escribió, "la RNEC entrega a la ciudadanía archivos digitales 'ciegos', con metadatos eliminados en casi un 98% y una nomenclatura ofuscada en forma sistémica", situación que, de acuerdo con su interpretación, dificulta el ejercicio de control ciudadano sobre el proceso electoral.

El mandatario también habló de una presunta "ASIMETRÍA EN LA GOBERNANZA DE LOS DATOS", señalando que las autoridades electorales tendrían control total sobre la información relacionada con el censo y la votación, mientras que esa información sería ocultada a la ciudadanía.

En ese sentido, Petro sostuvo que "esta asimetría, esta brecha no es un mero vacío técnico, sino una limitación sistémica al derecho constitucional de que el ciudadano audite", agregando que ello "entorpece la vigilancia independiente y ciudadana" del proceso electoral.

En su mensaje, el jefe de Estado también hizo una cronología de los cambios que, según él, se habrían presentado en los formularios y archivos utilizados durante las elecciones desde 2022.

De acuerdo con el mandatario, antes de las elecciones presidenciales de ese año los documentos contaban con metadatos y elementos que permitían una mayor trazabilidad de la información. Sin embargo, aseguró que esa situación cambió posteriormente.

"Esta asimetría NO EXISTIÓ sino hasta que hubo el escándalo de los E14 con ceros para el Pacto Histórico y Petro fue elegido presidente en 2022", escribió.

Asimismo, afirmó que en las elecciones territoriales de 2023 se modificó la estructura de los formularios E-14 y que en 2024, según su versión, se habrían implementado nuevos cambios en la identificación de las mesas de votación.

En la parte final de su publicación, el presidente reiteró que la ciudadanía organizó una estrategia de vigilancia digital durante las elecciones.

"Pero esta vez el pueblo se organizó y aprendió que tenía que auditar en tiempo real digitalmente, de ahí nacieron más de 75 mil testigos digitales ciudadanos; ellos en tiempo real vieron cómo cambiaban los datos, sus datos, los de todos", afirmó.

Hasta el momento, las afirmaciones realizadas por el presidente Petro corresponden a su posición expuesta públicamente y hacen parte de los argumentos que acompañan la demanda de nulidad anunciada por el mandatario. Corresponderá a las autoridades judiciales competentes evaluar el contenido de la acción y las pruebas que sean aportadas dentro del proceso, mientras los organismos electorales no se han pronunciado oficialmente sobre los nuevos señalamientos expuestos por el jefe de Estado.

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