Petro insistió en investigación contra exgerente de Coosalud pese a orden judicial de retractación

El pronunciamiento fue difundido a través de su cuenta en la red social X y se produce en medio de decisiones judiciales que le ordenan retractarse de señalamientos previos.

En su mensaje, el jefe de Estado sostuvo que las actuaciones atribuidas al exdirectivo habrían contado con la participación de integrantes de la junta directiva de la entidad. En ese contexto, mencionó a Rafael Santos y a Juan Carlos Pastrana, señalando su presencia en ese órgano de dirección durante el periodo en cuestión.

Las declaraciones del mandatario coinciden con un momento en el que el debate sobre el manejo de los recursos del sistema de salud ha adquirido mayor visibilidad, en paralelo con las discusiones impulsadas por el Gobierno en torno a reformas estructurales del sector. En este escenario, las afirmaciones sobre Coosalud se suman a otros cuestionamientos públicos dirigidos a actores del sistema.

El señalamiento presidencial se mantiene a pesar de una decisión del Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá, que ordenó a Petro retractarse de acusaciones formuladas previamente contra González Montaño y ofrecer disculpas. Según esa determinación, el mandatario incurrió en señalamientos que debían ser corregidos. Al no cumplir con la orden judicial, se le impuso una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el mismo contexto, la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, respaldó la necesidad de que tanto el exgerente como los miembros de la junta directiva enfrenten procesos judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos. Esta posición ha sido utilizada por el presidente para reforzar sus afirmaciones en el debate público.

En contraste, el abogado Julián Quintana, representante del exgerente, rechazó las acusaciones y sostuvo que no existen hechos que respalden un supuesto desfalco. De acuerdo con su versión, las denuncias y auditorías citadas para sustentar los señalamientos carecen de fundamento y han sido utilizadas para construir una narrativa que no corresponde a la realidad de la entidad.

Quintana también indicó que las declaraciones del presidente han tenido efectos sobre la operación de la EPS y sobre la percepción en torno a la prestación de servicios. Según su planteamiento, los señalamientos han incidido en el funcionamiento de la entidad, que cuenta con más de tres millones de afiliados. Asimismo, mencionó decisiones de la Procuraduría relacionadas con la suspensión del interventor designado por el Gobierno, en medio de este proceso.

En paralelo, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión provisional de la intervención de Coosalud EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, medida que se encontraba vigente desde noviembre de 2024. Esta decisión judicial se produce mientras avanzan las controversias sobre la administración de la entidad y las actuaciones de las autoridades frente a su situación financiera y operativa.

El abogado del exgerente aseguró que esta determinación respalda acciones legales presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, en las que se cuestiona la intervención estatal sobre la EPS. En sus declaraciones, señaló que la medida adoptada por el tribunal coincide con los argumentos expuestos en esas denuncias.

Las posiciones enfrentadas entre el Gobierno, la defensa del exgerente y las decisiones judiciales se desarrollan en un escenario donde confluyen pronunciamientos públicos, órdenes de los jueces y actuaciones de entidades de control. En ese contexto, el caso de Coosalud continúa generando reacciones en distintos sectores, mientras se mantienen en curso procesos administrativos y judiciales relacionados con la entidad y sus directivos.

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