Petro cuestionó decisión del Consejo de Estado que frenó traslado masivo de afiliados entre EPS

A través de su cuenta de X, el mandatario de los colombianos manifestó su desacuerdo con la determinación adoptada por el alto tribunal y aseguró que la medida afecta el modelo de salud preventiva impulsado por el Gobierno nacional.

“El Consejo de Estado aquí le hace grave daño a la salud, porque la salud preventiva se hace por circunscripción territorial y no puede hacerse por dispersión de afiliados. El primer pilar de un buen sistema de salud es la salud preventiva”, escribió Petro en redes sociales.

La decisión judicial suspendió de manera provisional los efectos del decreto expedido el pasado 25 de febrero, con el que el Ejecutivo pretendía modificar el funcionamiento del aseguramiento en salud bajo un enfoque territorial. La norma establecía el traslado de aproximadamente 6,6 millones de usuarios, principalmente hacia EPS intervenidas por el Estado, entre ellas Nueva EPS.

Según el Consejo de Estado, el decreto podría ocasionar una “afectación relevante del derecho fundamental a la salud”, especialmente frente a aspectos relacionados con la libre escogencia de los usuarios y los principios de accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad en la prestación del servicio.

El alto tribunal consideró necesario aplicar la medida cautelar mientras avanza el estudio de fondo sobre la legalidad de la norma y los posibles impactos sobre los afiliados del sistema de salud.

La iniciativa del Gobierno hacía parte de los cambios propuestos para reorganizar el modelo de aseguramiento en el país. En la práctica, el decreto planteaba una redistribución de afiliados con base en criterios territoriales y contemplaba concentrar la operación del sistema en menos entidades por regiones específicas.

Desde el Gobierno se había argumentado que la medida permitiría enfrentar la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud y mejorar las capacidades operativas de las EPS intervenidas. El Ejecutivo también sostenía que el enfoque territorial facilitaría el fortalecimiento de la atención primaria y de las estrategias de prevención.

Sin embargo, distintos sectores políticos y jurídicos cuestionaron la medida desde su expedición. Entre las críticas se señalaba que el traslado masivo de usuarios podría afectar el derecho de los ciudadanos a escoger libremente su EPS y generar dificultades en la continuidad de tratamientos y servicios médicos.

Una de las demandantes del decreto fue la representante a la Cámara Katherine Miranda, integrante de la Alianza Verde, quien celebró la suspensión decretada por el Consejo de Estado. La congresista sostuvo que la decisión evitó el traslado obligatorio de millones de usuarios hacia Nueva EPS, entidad que actualmente concentra una parte importante de afiliados del sistema.

También se pronunció la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, quien respaldó la decisión judicial y afirmó que el traslado de 6,6 millones de usuarios no debía implementarse bajo las condiciones planteadas por el Gobierno.

La suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado se suma a decisiones previas adoptadas por otras instancias judiciales. Antes del pronunciamiento del alto tribunal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya había ordenado una medida cautelar sobre la aplicación del decreto mientras se evaluaban las demandas presentadas contra la norma.

El debate alrededor del modelo de aseguramiento continúa en medio de las discusiones sobre la reforma a la salud promovida por el Gobierno nacional y las medidas implementadas por el Ejecutivo frente a las EPS intervenidas.

El decreto 0182 de 2026 planteaba que el aseguramiento se organizara por territorios con el objetivo de consolidar redes de atención y fortalecer la articulación de los servicios de salud en las regiones. La propuesta contemplaba que los usuarios fueran asignados a entidades específicas según su ubicación geográfica.

Tras la suspensión provisional, la aplicación de la norma quedó detenida mientras el Consejo de Estado analiza los argumentos jurídicos presentados en las demandas y define si mantiene o revoca la decisión en el estudio de fondo del caso.

Entretanto, el Gobierno mantiene su defensa del modelo territorial planteado en el decreto y continúa insistiendo en que la reorganización del sistema resulta necesaria para enfrentar los problemas financieros y operativos que atraviesa actualmente el sector salud en el país.

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