MinJusticia (e) pidió investigación "rigurosa, transparente e imparcial" tras denuncias contra el excandidato Carlos Caicedo

El Gobierno Nacional, a través de la ministra de Justicia y del Derecho (e), Cielo Rusinque, emitió un pronunciamiento oficial frente a las denuncias conocidas públicamente contra el excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, relacionadas con presuntos hechos de violencia sexual que son objeto de atención pública.

En el documento, fechado en Bogotá el 21 de julio de 2026, la ministra manifestó que las denuncias "son de una gravedad extrema y profundamente perturbadoras", al referirse a los señalamientos que involucran presuntos hechos ocurridos en 2023 y que, según lo conocido públicamente, tendrían como presuntas víctimas a una niña y a su madre.

La funcionaria indicó que estos señalamientos "se suman a otros señalamientos de acoso sexual formulados previamente por varias mujeres" y sostuvo que esa situación "no puede leerse como una serie de hechos aislados", sino que exige una revisión de los patrones de abuso de poder que, según el pronunciamiento, con frecuencia permanecen ocultos por el silencio, el miedo de las víctimas y la posición de quienes los ejercen.

En su declaración, Rusinque expresó un rechazo categórico frente a cualquier forma de violencia sexual contra menores de edad. "Rechazo con la mayor firmeza cualquier forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes", señaló la ministra (e), quien agregó que, de comprobarse los hechos denunciados, estos constituirían una de las formas más graves de afectación a la integridad de una persona menor de edad, con consecuencias que trascienden el momento de los hechos y pueden impactar su desarrollo, seguridad y confianza.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial correspondiente. En ese sentido, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta el fuero que habría ostentado el investigado, adelantar "con celeridad una investigación rigurosa, transparente e imparcial, que esclarezca plenamente los hechos".

La ministra también enfatizó que cualquier actuación judicial debe garantizar simultáneamente los derechos de las presuntas víctimas y el respeto por las garantías procesales del investigado. Según expresó, la investigación debe asegurar "la protección, la dignidad y los derechos de las presuntas víctimas, evitando cualquier forma de revictimización en el curso del proceso".

Al mismo tiempo, recordó que el debido proceso y la presunción de inocencia deben mantenerse durante toda la actuación judicial. En el comunicado afirmó que dichos principios "no son incompatibles con la exigencia social de verdad y justicia; al contrario, son la condición para que esa justicia sea legítima y perdurable".

En la parte final del pronunciamiento, Rusinque sostuvo que ningún cargo público ni trayectoria política debe influir en el tratamiento de este tipo de denuncias. "Ningún cargo, trayectoria política o respaldo electoral puede convertirse en un escudo frente a denuncias de esta magnitud, ni servir de argumento para relativizar su gravedad", expresó.

Finalmente, reiteró que la protección de la niñez y la adolescencia constituye una responsabilidad permanente del Estado y de todas las instituciones. En ese sentido, señaló que "la protección de niñas, niños y adolescentes frente a toda forma de violencia sexual es un deber ineludible del Estado, de las instituciones y también de quienes ejercemos vocerías públicas".