Ministerio de Agricultura inicia revisión técnica de 100 predios de la Agencia Nacional de Tierras por valor de $110.000 millones

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puso en marcha un proceso de verificación detallada sobre un grupo de 100 predios que forman parte del inventario de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Estos activos, cuyo valor comercial estimado supera los $110.000 millones, se encuentran bajo observación debido a la identificación de posibles inconsistencias en su gestión y estado jurídico. El jefe de la cartera agropecuaria, Indalecio Dangond, confirmó que las labores de auditoría interna continuarán con el fin de esclarecer la situación de estos inmuebles.

Resultados de la revisión técnica y administrativa

El balance inicial de estas actuaciones se presentó formalmente durante el Comité Intersectorial del sector agropecuario. Esta instancia técnica, que congrega al Ministerio con sus diversas entidades adscritas y vinculadas, sirvió como escenario para exponer el estado actual de los bienes que figuran a nombre de la ANT o que son gestionados por esta para la ejecución de la política nacional de acceso a tierras. Las verificaciones realizadas hasta el momento permitieron consolidar un primer listado de 100 propiedades que presentan situaciones administrativas por definir.

De acuerdo con la información oficial, el valor de estos predios examinados asciende a una cifra superior a los $110.000 millones. Las autoridades sectoriales indicaron que las posibles irregularidades detectadas se encuentran en una fase de estudio profundo para determinar su naturaleza exacta. El ministro Dangond señaló que los procesos de revisión se mantendrán activos y anticipó que en los próximos días se conocerán nuevos hallazgos, lo que podría derivar en un incremento del número de casos bajo observación estatal.

Como parte de las estrategias de optimización de activos, se determinó que más de 15 inmuebles agropecuarios que actualmente se encuentran en condición de inactividad —es decir, que no están vinculados a ningún proyecto productivo o social— serán transferidos a la Central de Inversiones S. A. (CISA). Esta sociedad, vinculada al Ministerio de Hacienda, tiene la función de administrar y enajenar los activos del Estado que no cumplen una función específica dentro de las entidades. Esta medida se alineó con las directrices de austeridad y ajuste fiscal establecidas por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para el periodo 2027.

Formalización de la propiedad y proyectos productivos

En el marco de la gestión de tierras, el Ministerio también reportó los avances logrados en materia de formalización de la propiedad rural. Se informó sobre la entrega de 1.005 títulos de propiedad y la existencia de otros 1.221 trámites en curso. Estas acciones beneficiaron a 994 familias campesinas, abarcando una extensión superior a las 6.394 hectáreas. El proceso de formalización busca otorgar seguridad jurídica a quienes han ocupado o trabajado la tierra sin contar con un registro legal de propiedad.

Sobre este punto, el ministro aseguró que los títulos no se entregarán "a medias" y que cada uno de ellos quedará debidamente inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, garantizando así la plena validez jurídica de la tenencia. Adicionalmente, se estableció que cada entrega de tierra estará vinculada a un proyecto productivo estructurado, que incluirá un paquete tecnológico y opciones de financiación a través del Banco Agrario. Para lograr este objetivo, la cartera coordinará las acciones de la ANT con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la banca estatal, integrando servicios de asistencia técnica, crédito y apoyo a la comercialización.

Antecedentes de las auditorías en el sector tierras

La inspección de los predios de la nación es un proceso que ha tenido desarrollos previos. En agosto, el Gobierno incluyó en el informe denominado "Libro de la Verdad" —documento que recopila hallazgos sobre la administración anterior y que fue remitido a la Fiscalía— información relacionada con dos contratos de la ANT. Uno de estos convenios, suscrito con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un monto superior a $1 billón, tenía como fin la adquisición de tierras para la reforma agraria. En su momento se detectó que, de la totalidad de predios incluidos en dichos acuerdos, solo una pequeña proporción contaba con el registro correspondiente. Ante estos señalamientos, la exministra Martha Carvajalino solicitó en su oportunidad precisar la fuente, el periodo y la vigencia de los contratos mencionados.

Posteriormente, a finales de octubre, la directora de la ANT, Lina María Garrido, puso en conocimiento de la Fiscalía y de los organismos de control presuntas irregularidades que sumarían más de $50.000 millones durante la gestión de su antecesor, Felipe Harman. Los hechos reportados se relacionan con posibles conductas como celebración indebida de contratos y peculado, situaciones que deberán ser calificadas y establecidas por las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, la entidad informó en octubre sobre la liberación de más de $200.000 millones de su presupuesto de inversión para el año 2026, una decisión motivada por la situación fiscal del país. No obstante, la institución aseguró que esta medida no afectará el cumplimiento de las metas fijadas para la entrega y titulación de tierras en el territorio nacional.

Próximas acciones y seguimiento

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que mantendrá un seguimiento riguroso a los hallazgos reportados y que continuará informando sobre los resultados de las verificaciones técnicas que se realicen en el futuro cercano. Hasta el momento, las autoridades no han hecho pública la ubicación geográfica exacta de los 100 predios bajo lupa ni el detalle pormenorizado de las inconsistencias detectadas en cada expediente individual, debido a que los procesos de análisis técnico y jurídico se encuentran en desarrollo.

La meta de la administración actual es garantizar que los recursos destinados a la política de tierras se utilicen de manera eficiente y transparente, asegurando que cada hectárea gestionada por el Estado cumpla con su función social y productiva en beneficio de las comunidades rurales del país.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el Ministerio de Agricultura está revisando 100 predios de la Agencia Nacional de Tierras?

La revisión se inició tras detectar posibles inconsistencias en la gestión y el estado jurídico de estos bienes, cuyo valor comercial supera los $110.000 millones. El objetivo es esclarecer la situación administrativa de los inmuebles y optimizar los activos del Estado.

¿Qué pasará con los predios que no están siendo utilizados?

Más de 15 inmuebles agropecuarios inactivos serán transferidos a la Central de Inversiones S.A. (CISA) para su administración o venta. Esta medida busca cumplir con las directrices de austeridad y ajuste fiscal del Gobierno Nacional.

¿Cómo avanza la entrega de tierras a las familias campesinas?

El Ministerio reportó la entrega de 1.005 títulos de propiedad y otros 1.221 en trámite, beneficiando a casi mil familias en más de 6.300 hectáreas. Cada entrega estará vinculada a proyectos productivos con asistencia técnica y financiación del Banco Agrario.