ICBF busca destrabar la crisis de hogares infantiles en Antioquia, donde unos 3.000 niños siguen sin atención

¿Qué originó la suspensión?

El ICBF no presta directamente la mayoría de sus servicios de primera infancia: los contrata con organizaciones privadas o comunitarias, conocidas como operadores, que vinculan al personal, compran los alimentos y administran los hogares. En Antioquia, los convenios con los operadores anteriores vencieron y el paso a los nuevos contratistas se trabó, lo que dejó a los niños sin el servicio y sin las raciones diarias de alimentos.

La directora explicó que los nuevos operadores ya fueron escogidos conforme a los procedimientos de la entidad y que estos manifestaron su disposición de contratar a las madres comunitarias que venían prestando el servicio. “Esa oportunidad existe y es importante que ellas la conozcan directamente”, señaló Restrepo.

La salida anunciada

Para resolver la situación, el ICBF convocará mesas de trabajo en sus oficinas regionales. En ellas se formalizarán, una por una, las vinculaciones de las madres comunitarias y se verificará que los operadores cumplan sus compromisos logísticos, como la entrega de alimentos y la adecuación de los espacios. Hasta el cierre de esta nota, la entidad no había precisado una fecha para la reapertura de los hogares afectados.

“Nuestra responsabilidad es garantizar la atención de los niños y las niñas”, afirmó la funcionaria, quien añadió que “la selección del operador le corresponde al Icbf conforme a los procedimientos establecidos”.

Tensión con los sindicatos

Restrepo expresó preocupación por versiones según las cuales una organización sindical habría instruido a las madres comunitarias para que no firmaran con los nuevos operadores. Aunque reconoció que los sindicatos pueden manifestar inquietudes y hacer seguimiento, precisó que “eso no significa que puedan imponer al operador o condicionar las decisiones de contratación de la entidad”.

El instituto informó, además, que investiga denuncias sobre cobros a las familias presentados bajo la figura de “donaciones”, una práctica irregular en un servicio que debe ser gratuito.

Un cambio de reglas que se extiende a otras regiones

La controversia no se limita a Antioquia. En Pereira (Risaralda), un sindicato de madres comunitarias cuestionó que el ICBF escogiera a una organización del Cesar en lugar de las asociaciones locales que prestaban el servicio. El ICBF confirmó que el nuevo operador trabajará con asociaciones locales.

Las decisiones hacen parte de la “renovación” que la directora anunció para la entidad. En un pronunciamiento difundido a comienzos de noviembre, Restrepo sostuvo que “ni las madres comunitarias ni los sindicatos son coadministradores del Icbf" y que los operadores serán evaluados por su idoneidad, capacidad, integridad y resultados. “La antigüedad, las relaciones personales, la cercanía política o la presión de cualquier sector no reemplazan esos requisitos”, afirmó, y agregó que contratar operadores de otros departamentos no constituye, por sí mismo, una irregularidad.

Restrepo Cañavera, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, fue designada por De la Espriella a finales de julio con el encargo de revisar la contratación y los controles internos del instituto, bajo la consigna presidencial de “cero tolerancia con la corrupción”.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué se suspendió la atención en los hogares infantiles de Antioquia?

La suspensión se debe al vencimiento de los convenios con los operadores anteriores y a dificultades en la transición hacia los nuevos contratistas, lo que ha dejado a unos 3.000 niños sin servicio ni raciones de alimentos.

¿Cuál es la solución propuesta por el ICBF para reabrir los centros?

La entidad convocará mesas de trabajo regionales para formalizar individualmente la contratación de las madres comunitarias con los nuevos operadores y verificar que se cumplan los compromisos logísticos.

¿Qué tensiones existen con los sindicatos de madres comunitarias?

El ICBF investiga si una organización sindical instruyó a las trabajadoras para rechazar ofertas laborales y aclaró que los sindicatos no pueden imponer operadores ni condicionar las decisiones de contratación de la entidad.