Golpe a estructuras criminales: capturaron a 10 presuntos integrantes y destruyen maquinaria de minería ilegal en varias regiones

Uno de los procedimientos se desarrolló en Tibú, Norte de Santander, donde el Ejército Nacional reportó la captura de cinco integrantes de la estructura 33. Durante la operación también fueron incautadas armas y municiones, en una acción dirigida contra una de las estructuras armadas con presencia en el Catatumbo.

Las autoridades han señalado en diferentes operaciones recientes que la estructura 33 mantiene actividad criminal en Norte de Santander. En septiembre pasado, por ejemplo, fue capturado en Tibú alias Pollo, señalado por las autoridades como cabecilla de una comisión de esa estructura e investigado por su presunta participación en el asesinato de una menor de edad.

A este resultado se sumaron procedimientos adelantados por la Policía Nacional en Santa Fe de Antioquia y Tierralta, Córdoba. En estas dos operaciones fueron capturadas cinco personas señaladas de pertenecer presuntamente al Clan del Golfo. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las respectivas actuaciones judiciales.

En Florencia, Caquetá, el balance oficial incluyó un resultado diferente: dos integrantes de la estructura Raúl Reyes decidieron someterse a la justicia y entregaron material utilizado para actividades armadas. Según el reporte del Gobierno, entre los elementos entregados se encuentran tres armas largas, un dron y tres artefactos explosivos diseñados para ser utilizados mediante drones.

El componente contra los explosivos también tuvo un resultado en Sardinata, Norte de Santander. Allí, la Policía Nacional realizó la destrucción controlada de 100 artefactos explosivos que, de acuerdo con las autoridades, serían atribuidos al Ejército de Liberación Nacional, ELN. La intervención buscó evitar que este material pudiera ser utilizado posteriormente en acciones contra la población civil o la Fuerza Pública.

La ofensiva reportada por el Gobierno también se extendió a las economías ilegales, con especial atención sobre la explotación ilícita de yacimientos mineros. En los municipios de Chaparral y Coyaima, en Tolima, las autoridades intervinieron cinco unidades de producción minera ubicadas sobre el río Saldaña.

Durante estos procedimientos fue destruida maquinaria utilizada para las actividades extractivas, cuyo valor fue estimado por las autoridades en 3.198 millones de pesos. El Gobierno sostuvo que estas unidades de producción tenían una capacidad de generar cerca de 4.000 millones de pesos mensuales en oro.

Según el reporte oficial, esta actividad no solamente representaría un impacto ambiental sobre el río Saldaña y su entorno, sino que también estaría relacionada con las finanzas de estructuras criminales. De acuerdo con la información divulgada, los grupos ilegales obtendrían recursos mediante cobros extorsivos asociados a la operación de estas unidades mineras.

Las operaciones contra la minería ilegal también dejaron resultados en otros puntos del país. El Ejército reportó la afectación de 24 unidades de producción minera ilegal y 21 dragas, mientras que en Ayapel, Córdoba, la Policía Nacional destruyó 26 motobombas y ocho clasificadoras utilizadas, según las autoridades, en actividades de explotación ilícita.

El Gobierno presentó estos resultados como parte de una estrategia dirigida a afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales. La lógica de los operativos no se limita a la captura de integrantes de los grupos armados, sino que incluye la intervención de las actividades económicas que les permitirían obtener recursos para mantener su capacidad operativa.

En ese sentido, el presidente Abelardo De La Espriella destacó la orientación que, según afirmó, tienen las operaciones de la Fuerza Pública en las diferentes regiones del país.

“Mi orden ha sido clara: perseguir a los criminales, cortar sus fuentes de financiación y proteger a los colombianos”, afirmó el mandatario.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuáles fueron los principales resultados de las operaciones de la Fuerza Pública?

Las operaciones dejaron 10 capturas de presuntos integrantes de estructuras armadas, dos sometimientos a la justicia, la destrucción de 100 artefactos explosivos y la afectación de unidades de minería ilegal en varias regiones.

¿Qué grupos criminales fueron impactados y dónde se realizaron las acciones?

Se afectó a la estructura 33 en Norte de Santander, al Clan del Golfo en Antioquia y Córdoba, a la estructura Raúl Reyes en Caquetá y al ELN en Norte de Santander. Las acciones contra la minería ilegal se dieron en Tolima y Córdoba.

¿Cuál es el objetivo de estas intervenciones contra la minería ilegal?

El Gobierno busca afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales, cortando los recursos que obtienen de actividades como la explotación ilícita de yacimientos mineros.