Gobierno garantizará continuidad en la expedición de pasaportes tras decisión judicial

La declaración se produjo después de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió temporalmente los efectos del convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional relacionado con la producción y expedición de estos documentos.

Los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Relaciones Exteriores, Omar Bula, entregaron una declaración conjunta en la que pidieron a los ciudadanos mantener la normalidad frente a los trámites y evitar desplazamientos innecesarios hacia los puntos de expedición.

Según la información entregada por el Gobierno, actualmente el país dispone de 410.000 pasaportes en inventario. A esta cantidad se sumarán otros 190.000 documentos que, de acuerdo con el Ejecutivo, llegarán el próximo 10 de septiembre. Con estas existencias, el Gobierno calcula que cuenta con un margen suficiente para continuar atendiendo las solicitudes mientras se define el camino jurídico y operativo frente a la decisión judicial.

La controversia se originó en el trámite de una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Como medida cautelar, ese despacho ordenó suspender temporalmente los efectos del convenio interadministrativo suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para las actividades relacionadas con los pasaportes.

La determinación judicial tiene varios efectos sobre la operación. Entre ellos se encuentra la suspensión de los pagos de la Cancillería destinados a la adquisición de nuevos pasaportes, además de la prohibición de distribuir y personalizar los documentos bajo las condiciones afectadas por la medida.

Frente a este escenario, el Ejecutivo manifestó que acatará las determinaciones de la justicia y que solicitará las aclaraciones correspondientes para establecer cuáles son las alternativas que permitan mantener la prestación del servicio.

Los ministros señalaron que el Gobierno trabaja de manera simultánea en una respuesta que permita garantizar la continuidad de la expedición, dentro de las disposiciones legales y de las decisiones adoptadas por los jueces. El propósito, según lo expresado en el pronunciamiento, es evitar que la medida cautelar derive en una interrupción del acceso de los ciudadanos al documento.

El Ejecutivo insistió en que esta disponibilidad permite avanzar en la búsqueda de una salida al escenario generado por la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que los ciudadanos tengan que acudir de manera masiva a las oficinas encargadas del trámite.

La administración también indicó que la Cancillería y el Ministerio del Interior realizan una revisión integral del alcance del fallo. A partir de ese análisis, se preparan las solicitudes de aclaración y las medidas que correspondan para definir cómo continuará el proceso de producción, distribución y personalización de los documentos.

El Gobierno Nacional sostuvo además que las actuaciones relacionadas con los pasaportes deberán desarrollarse respetando tanto las determinaciones judiciales como las normas vigentes. Con ello, busca mantener el servicio mientras se define el mecanismo que permitirá garantizar su funcionamiento en el mediano plazo.