Gobierno declaró “Situación de Desastre de Carácter Nacional” mediante decreto oficial

El Gobierno de Colombia oficializó la declaratoria de emergencia a nivel nacional mediante el “Decreto número 0802 de 2026”, fechado el “23 JUL 2026”, en el que se establece una “Situación de Desastre de Carácter Nacional”. La medida, firmada por la Presidencia de la República, se fundamenta en las facultades constitucionales y legales del Ejecutivo, particularmente en lo dispuesto por la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo.

En el documento, el Ejecutivo sustenta la decisión en varios artículos de la Constitución Política. En primer lugar, recuerda que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos”, lo que incluye la obligación de actuar frente a “desastres y riesgos que amenacen la seguridad y la salubridad públicas”.

El decreto enfatiza además la responsabilidad del Estado en materia de salud, citando que debe “proteger la vida y la salud de las personas” y garantizar el acceso a los servicios sanitarios bajo principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Esta argumentación refuerza la urgencia de la declaratoria en un contexto en el que los riesgos, según el documento, comprometen el bienestar general de la población.

Otro de los puntos clave del decreto es el reconocimiento de los servicios públicos como esenciales. En ese sentido, se subraya que estos “son inherentes a la finalidad social del Estado” y que corresponde a las autoridades asegurar su prestación eficiente en todo el territorio nacional. Asimismo, se destaca que el bienestar general y la calidad de vida son objetivos fundamentales del Estado, lo que justifica la priorización del gasto público social en situaciones de emergencia.

El texto también retoma la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, indicando que esta es “un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas” enfocados en la reducción del riesgo y el manejo de desastres. En este contexto, la declaratoria busca articular acciones institucionales que permitan responder de manera coordinada a la situación.

De igual forma, el decreto deja claro que la gestión del riesgo no es solo una tarea del Gobierno, sino una responsabilidad compartida. Según el documento, “la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”, quienes deben actuar de manera solidaria y acatar las disposiciones oficiales.

Uno de los apartes más relevantes establece el principio de protección, señalando que “los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas”. Este enfoque resalta el carácter integral de la medida, que no solo abarca la respuesta inmediata, sino también la prevención y mitigación de futuros riesgos.