Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó proyecto antitrámites para reducir burocracia y facilitar la inversión en Colombia

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha una de sus primeras iniciativas en materia de competitividad con la radicación ante el Congreso de la República de un proyecto de ley orientado a simplificar los trámites que deben realizar empresarios, emprendedores e inversionistas en Colombia.

La iniciativa, denominada Proyecto de Ley de Competitividad, fue presentada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y tiene como uno de sus principales objetivos reducir la burocracia, los costos y los tiempos asociados a la creación y formalización de empresas y al desarrollo de actividades productivas en el país.

De acuerdo con el documento divulgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la propuesta parte de una premisa central: evitar que los ciudadanos y las empresas tengan que entregar reiteradamente información que ya se encuentra en poder del Estado.

“El proyecto parte de un principio sencillo: si el Estado ya tiene una información, no puede obligar al ciudadano o al empresario a entregarla nuevamente”, señala el documento.

La iniciativa busca intervenir uno de los factores que durante años ha sido señalado como una dificultad para la actividad empresarial: la cantidad de trámites y requisitos que deben cumplir quienes pretenden crear una empresa, formalizar un negocio, realizar una inversión o poner en marcha un proyecto productivo.

Según el Gobierno, estas gestiones no deberían convertirse en una “carrera de obstáculos frente al Estado”, razón por la cual el proyecto propone establecer mecanismos que permitan hacer más ágiles los procedimientos y reducir las cargas administrativas que enfrentan especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES.

Uno de los componentes planteados en la iniciativa es el fortalecimiento de las ventanillas únicas, con el propósito de concentrar y facilitar los trámites que actualmente pueden requerir gestiones ante diferentes entidades. La propuesta también contempla establecer plazos definidos para las respuestas de la administración pública.

El proyecto pretende además evitar que los ciudadanos tengan que enfrentar requerimientos sucesivos por parte de diferentes entidades o dependencias. Para ello, se plantea avanzar hacia mecanismos de coordinación y utilización eficiente de la información que ya posee el Estado.

Otro de los elementos destacados por el Gobierno es la transformación digital de los procesos. La propuesta busca avanzar hacia controles digitales que, además, sean proporcionales al nivel de riesgo de cada actividad.

La intención es que los procedimientos de control no tengan necesariamente la misma intensidad para todos los sectores o actividades, sino que puedan responder a los riesgos identificados. Esto permitiría, según el planteamiento gubernamental, concentrar mayores esfuerzos de supervisión en aquellas actividades que realmente representen mayores riesgos.

El proyecto fue radicado en el Senado de la República el 18 de agosto de 2026 y hace parte de las primeras acciones de la administración de De La Espriella dirigidas a modificar las condiciones para la creación de empresas y el desarrollo de inversiones en Colombia.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sostiene que reducir los obstáculos administrativos puede tener un impacto directo en la competitividad del país, particularmente para los emprendedores y pequeños empresarios que cuentan con menores recursos para asumir los costos asociados a trámites y procesos administrativos.

La iniciativa también plantea una discusión sobre la relación entre el Estado y quienes desarrollan actividades productivas. El Gobierno busca que las entidades públicas tengan procedimientos más coordinados y que los ciudadanos puedan obtener respuestas dentro de tiempos previamente establecidos.

En ese sentido, el proyecto no se limita a una reducción de trámites, sino que propone modificar la manera en que las entidades públicas gestionan la información y ejercen sus controles frente a empresas y ciudadanos.