Gobierno anunció ofensiva contra empresas de seguridad privada señaladas de tener nexos con estructuras criminales
El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adelanta investigaciones y procesos administrativos contra varias empresas, en medio de denuncias relacionadas con presuntos vínculos con organizaciones delincuenciales y fallas en el control de armas.
Una nueva ofensiva contra el uso irregular de empresas de vigilancia y seguridad privada fue anunciada por el Gobierno Nacional, que puso el foco en compañías investigadas por posibles conexiones con estructuras criminales y por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo y control de armamento.
El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que desde el inicio de su administración impartió instrucciones a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para identificar y actuar contra empresas que, según las investigaciones, podrían estar siendo utilizadas como fachada por organizaciones delincuenciales.
“Tan pronto se posesionó el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, le di una orden clara: perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse", afirmó el mandatario al referirse a la estrategia adoptada por el Gobierno.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeDe acuerdo con la información entregada por el jefe de Estado, la Superintendencia avanza en actuaciones administrativas relacionadas con compañías que estarían siendo investigadas por posibles conexiones con Los Costeños, el Clan Vega Daza y por presuntas irregularidades en los mecanismos de control de armas.
El Gobierno señaló específicamente los procesos que actualmente involucran a varias empresas del sector. Según explicó el presidente, “Maximus tiene la licencia cancelada", mientras que contra Blink, Lost Prevention y Atenas ya fueron adoptadas decisiones encaminadas a la cancelación de sus respectivas licencias, aunque estas determinaciones todavía deben quedar en firme.
En el caso de OL Security Group–Servisecurity, el mandatario indicó que la compañía permanece suspendida y que el proceso para determinar la cancelación de su licencia continúa en trámite.
Las actuaciones hacen parte de las medidas de control que adelanta el Estado sobre un sector que cumple funciones de vigilancia y protección de personas, establecimientos, bienes e instalaciones, y que además opera bajo una regulación específica debido al acceso y manejo de elementos de seguridad y, en determinados casos, armas de fuego.
Precisamente, uno de los puntos centrales de la instrucción presidencial está relacionado con establecer qué ocurrió con armas que presentan faltantes y determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales alrededor de su custodia y control.
El presidente exigió “controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes", al tiempo que dejó abierta la posibilidad de que los responsables enfrenten investigaciones ante las autoridades judiciales.
“Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea", manifestó De La Espriella, en referencia a las eventuales consecuencias que podrían derivarse de las investigaciones.
La declaración del mandatario se produce en medio de la estrategia de seguridad del Gobierno para intervenir las estructuras que, según las autoridades, utilizan mecanismos legales o comerciales para facilitar sus actividades. En este caso, la atención está puesta sobre compañías de vigilancia que puedan haber sido utilizadas para acceder a armamento, brindar cobertura a integrantes de organizaciones criminales o facilitar operaciones al margen de la ley.
Los procesos administrativos adelantados por la Superintendencia deberán cumplir las etapas establecidas por la legislación vigente antes de que las decisiones de cancelación queden en firme. De igual manera, cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes, a partir de las pruebas y actuaciones correspondientes.
El Gobierno anunció además que los controles no se limitarán a las empresas ya mencionadas. El presidente planteó una revisión territorial para identificar posibles irregularidades en diferentes regiones del país y reiteró que la vigilancia sobre este sector será una prioridad dentro de la política de seguridad.
“Vamos a ir departamento por departamento, rincón por rincón de la patria, acabando con las fachadas de los delincuentes. ¡Voy por todos!”, concluyó el Presidente de la República.
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