Firmantes del Acuerdo de Paz reclamaron información sobre decisiones para el periodo 2026-2030

Los principales firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016 presentaron un derecho de petición dirigido al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), con el propósito de conocer las decisiones que adoptará el Gobierno Nacional frente a la implementación de lo acordado con el Estado colombiano durante el periodo presidencial 2026-2030.

El documento fue suscrito por Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez, quienes actúan como firmantes del Acuerdo Final de Paz.

La petición fue sustentada en los artículos 23 y 74 de la Constitución Política, la Ley 1755 de 2015, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1712 de 2014. Los solicitantes pidieron información verificable y documentación de respaldo sobre las decisiones que adoptará el Ejecutivo para continuar con la implementación del acuerdo.

Entre los asuntos centrales está la arquitectura institucional que tendrá a su cargo la ejecución de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz. En particular, solicitaron precisar qué entidad, dependencia y funcionario asumirán la coordinación de la implementación, además de sus funciones, nivel jerárquico, recursos humanos y presupuesto.

El documento también pregunta por el futuro de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz. Los firmantes solicitan conocer si se mantendrá, fortalecerá, reestructurará, transformará, trasladará, fusionará o suprimirá, así como las decisiones administrativas, presupuestales y jurídicas que sustentarían cualquiera de esas medidas.

Otro de los capítulos está relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los peticionarios preguntaron si el Gobierno tiene previsto presentar proyectos de ley, actos legislativos, decretos u otras iniciativas destinadas a modificar aspectos relacionados con la estructura, competencias, duración o autonomía administrativa, técnica o presupuestal de la jurisdicción. En caso de existir iniciativas, solicitaron información sobre su estado y los documentos que las respaldan.

La seguridad de los firmantes y de las comunidades también ocupa un lugar central. La solicitud pide conocer las medidas que se implementarán para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional, particularmente las relacionadas con la Sentencia SU-020 de 2022, y pregunta por la eventual activación de instancias y mecanismos de protección contemplados para quienes suscribieron el acuerdo.

Asimismo, se solicita información sobre las medidas previstas para los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), las nuevas zonas de reincorporación y sus esquemas de seguridad.

En materia de reincorporación, los firmantes preguntaron por la continuidad de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), además de los instrumentos normativos destinados a garantizar el acompañamiento de largo plazo a la población firmante.

El derecho de petición también aborda el Plan Marco de Implementación (PMI), el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), los mecanismos de seguimiento internacional y las actuaciones realizadas durante el empalme entre los gobiernos.

Finalmente, los solicitantes pidieron conocer si habrá modificaciones, reducciones o redistribuciones de recursos presupuestales destinados a la implementación del Acuerdo Final y cuáles serán las entidades responsables, las fuentes de financiación y los cronogramas correspondientes.

La petición plantea así un conjunto de preguntas concretas al Gobierno Nacional sobre la continuidad institucional, presupuestal y normativa de la implementación del Acuerdo de Paz, así como sobre las garantías de seguridad, reincorporación y funcionamiento de las entidades vinculadas al cumplimiento de lo pactado.