El saliente gobierno Petro destinará $8 billones para hacer frente a la crisis del fenómeno de El Niño

Sin embargo, la asignación de recursos públicos para ser ejecutados de forma expedita a través de la entidad ocurre en un contexto escrutinio político y judicial, derivado de las sistemáticas irregularidades y tramas de corrupción al interior de este organismo.

Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el jefe de Estado precisó que los $4 billones de pesos adicionales provienen de partidas asignadas por el Ministerio de Hacienda mediante vigencias futuras para el programa Colombia Solar, las cuales no alcanzaron a ejecutarse en dicho rubro y ahora pasarán directamente a la UNGRD. De acuerdo con las directrices gubernamentales, la atención prioritaria estará focalizada en salvar vidas humanas, proteger el ecosistema y asegurar la soberanía energética ante los riesgos de desabastecimiento hídrico y sequía.

Entre las órdenes operativas dadas por el mandatario destaca la puesta en marcha inmediata del proyecto para la planta desalinizadora en Santa Marta (Magdalena), orientada a frenar el desabastecimiento de agua en la región Caribe. Asimismo, se contempla la instalación de paneles solares en los hogares de las familias afectadas por el frente frío en Córdoba, financiada mediante recursos del Ministerio de Vivienda. En el marco de la misma jornada, Petro resaltó que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) reflejó un crecimiento del 4,1% a mayo, destacando un incremento significativo en la creación de pequeñas y medianas empresas.

No obstante, la inyección masiva de capital y la delegación de competencias ejecutivas a la UNGRD reabren el debate sobre la transparencia en la gestión de emergencias. El organismo viene de protagonizar uno de los escándalos de corrupción de mayor impacto político e institucional en el país, el cual salió a la luz tras revelarse irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a zonas vulnerables de La Guajira.

Las investigaciones judiciales e imputaciones de la Fiscalía General de la Nación, junto con las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, han puesto en evidencia un esquema donde exdirectivos de la entidad, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, actuaron presuntamente en contubernio con contratistas y altos funcionarios del Estado. Las indagaciones apuntan a un mecanismo de direccionamiento de contratos, sobrecostos y el desvío de dinero público para el pago de millonarios sobornos a congresistas y expresidentes de la Cámara y el Senado, con el propósito de asegurar el trámite y apoyo a las reformas legislativas del Gobierno Nacional.

El alcance del expediente judicial salpicó de igual forma a exministros de las carteras de Hacienda e Interior, así como a legisladores que actualmente enfrentan procesos penales, órdenes de captura preventiva y suspensiones en el ejercicio de sus cargos públicos. De hecho, los testimonios entregados a la justicia por los exfuncionarios implicados revelaron el uso de traslados presupuestales ejecutados desde el Ministerio de Hacienda hacia la UNGRD que en 2023 sumaron transferencias por $1,4 billones para financiar el pago de coimas e intereses indebidos en la contratación pública.