Corte Constitucional abre el incidente de impacto fiscal que pidió MinHacienda contra el fallo de la reforma pensional: el Gobierno tiene 30 días para sustentarlo

Qué decidió la Corte

La decisión se adoptó mediante el Auto 1352, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, y fue respaldada por los siete magistrados que participaron en la votación. El plazo de 30 días hábiles para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presente sus argumentos y documentos comenzará a contar desde la notificación del auto.

El alto tribunal fue claro en que abrir el incidente no equivale a darle la razón al Gobierno ni modifica por sí mismo el fallo. Tampoco cambia, por ahora, la fecha de entrada en vigor del nuevo sistema pensional, fijada para el 1 de abril de 2027.

La petición del Gobierno

El ministro Gómez radicó la solicitud el 23 de septiembre. El Ejecutivo sostiene que la entrada en vigencia de la reforma en la fecha prevista generaría gastos adicionales cercanos a $5 billones que no están contemplados en el Presupuesto General de la Nación. La República, por su parte, señaló que el Gobierno ha puesto sobre la mesa la situación financiera de Colpensiones y sus necesidades de recursos para garantizar el pago de las mesadas.

La solicitud se da en un contexto de estrechez fiscal que el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido en las últimas semanas, con advertencias sobre una inflación al alza, un recorte del gasto y la preparación de una Ley de Rescate Económico que el Gobierno de Abelardo de la Espriella prevé llevar al Congreso.

¿Qué es un incidente de impacto fiscal?

Se trata de un mecanismo creado por el Acto Legislativo 03 de 2011, que reformó el artículo 334 de la Constitución para incorporar el criterio de sostenibilidad fiscal, y que fue reglamentado por la Ley 1695 de 2013. Permite que el procurador general o un ministro del Gobierno pidan a una alta corte, después de proferido un fallo, que escuche las consecuencias que su cumplimiento tendría sobre las finanzas del Estado.

En términos sencillos, es una oportunidad para que el Gobierno explique el costo de aplicar una sentencia y para que el tribunal decida si modula sus efectos, si difiere su aplicación en el tiempo o si mantiene la decisión sin cambios. La Constitución establece un límite expreso: la sostenibilidad fiscal no puede invocarse para desconocer o restringir el núcleo de los derechos fundamentales.

Lo que viene

Según el procedimiento, una vez Hacienda entregue la sustentación, la Sala Plena decidirá si admite formalmente el incidente. De admitirlo, convocará a una audiencia pública y contará con un término de diez días para resolver. Mientras tanto, la sentencia y su calendario siguen intactos.

El fallo en cuestión

La Sentencia C-264 de 2026 declaró ajustada a la Constitución la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, conocida como reforma pensional, tras verificar si la plenaria de la Cámara de Representantes había corregido los vicios de trámite señalados por la misma Corte en el Auto 841 de 2025.

El tribunal mantuvo pilares centrales de la reforma, como el sistema organizado en cuatro pilares, la nueva distribución de cotizaciones hacia Colpensiones, el fondo de ahorro administrado por el Banco de la República y el beneficio de reducción de 150 semanas para mujeres. Sin embargo, devolvió a la Cámara tres artículos completos, seis apartes de otros y una proposición de artículo nuevo para que vuelvan a ser debatidos y votados.

A esta discusión se suma la petición de Colpensiones de aplazar un año la entrada en vigencia del nuevo sistema, hasta el 1 de abril de 2028, una solicitud que aún no ha sido resuelta.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué decidió la Corte Constitucional sobre la reforma pensional?

La Sala Plena aprobó por unanimidad abrir un incidente de impacto fiscal solicitado por el Ministerio de Hacienda para evaluar cómo la aplicación de la reforma afectaría las finanzas públicas.

¿De cuánto tiempo dispone el Gobierno para sustentar su petición?

El Ministerio de Hacienda tiene un plazo de 30 días hábiles para presentar los argumentos y documentos que demuestren el costo de implementar el nuevo sistema pensional.

¿Cambia esta decisión la fecha de entrada en vigor de la reforma?

No, la apertura del incidente no modifica el fallo ni la fecha de inicio del nuevo sistema, la cual se mantiene para el 1 de abril de 2027 mientras se resuelve el trámite.

¿Por qué el Gobierno solicitó este recurso legal?

El Ejecutivo argumenta que la entrada en vigencia de la ley generaría gastos adicionales de aproximadamente $5 billones que no están contemplados en el Presupuesto General de la Nación.