Contratos y solicitudes de crédito de la familia Alcocer bajo escrutinio ante independencia del Banco Agrario en el Gobierno Petro

El Banco Agrario, dirigido por Hernando Chica Zuccardi desde el inicio del actual gobierno, enfrenta cuestionamientos internos por una serie de operaciones financieras relacionadas con empresas de los hermanos de la primera dama, Verónica Alcocer.

Documentos revelados por Blu Radio y que al parecer fueron revisados por distintas áreas de la entidad muestran que, mientras varios créditos para compañías vinculadas a María Teresa y Juan Carlos Alcocer, hermanos de la Primera Dama, fueron impulsados desde áreas comerciales, otros funcionarios se negaron a aprobarlos debido al alto riesgo reputacional que implicaban para el banco estatal.

El Banco Agrario, sexto con más utilidades del país y con la mayor cartera de activos, ha estado presidido desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro por Hernando Chica Zuccardi, quien previamente se desempeñó como vicepresidente de ETB durante la Alcaldía de Bogotá.

La relación de Chica con la familia Alcocer es anterior al Gobierno Petro y ha sido señalada dentro de la entidad como un elemento clave para entender por qué empresas de este grupo familiar llegaron a trámite preferente.

La Primera Dama, según la investigación, fue determinante en su nombramiento en 2022, lo que genera una relación directa entre la actual administración y las decisiones financieras que hoy están bajo revisión.

Uno de los negocios más llamativos fue planteado el 23 de noviembre de 2022. La operación, estructurada con dos créditos que superaban los 8.000 millones. Una parte de 4.236 millones de pesos para Praga Servicios Inmobiliarios S.A. y la otra de 3.767 millones de pesos para Fema Reforestaciones S.A.S., el cual garantizaba al banco los pagos mediante una fiducia alimentada por arriendos administrados por otra empresa del mismo grupo.

Los documentos dados a conocer por el medio, muestran que la propuesta avanzó con rapidez, incluso tras reuniones internas mencionadas en correos corporativos. Hasta la fecha, estos créditos no han sido desembolsados, sin embargo, también evidencian la resistencia de funcionarios que alertaron sobre antecedentes cuestionados de miembros de la familia Alcocer, invocando riesgo reputacional alto.

Otro crédito por 5.000 millones de pesos solicitado por FEMA y empresas relacionadas avanzó en 2023 en el área de estructuración sin claridad sobre su desenlace. A diferencia de estos casos, sí está confirmado el desembolso de un crédito por 898 millones de pesos para Aliados Financieros y de Servicios S.A.S. Zomac, compañía también controlada por FEMA.

Informes internos del banco revisados para estas operaciones dejaron constancia de búsquedas sobre información pública relacionada con María Teresa Alcocer y su esposo Carlos Gutiérrez, incluyendo menciones en investigaciones periodísticas, referencias en listados de sociedades off–shore y conexiones señaladas en reportajes internacionales. Aunque estos antecedentes no implican responsabilidad penal, los funcionarios los consideraron suficientes para recomendar frenar los negocios.

El análisis fue aún más estricto por tratarse de Personas Expuestas Políticamente (PEPs). Dado su parentesco con la Primera Dama, los hermanos Alcocer requieren controles reforzados, condición que aparece reiterada en los informes internos.

El entramado financiero no se limitó a los créditos. La familia Alcocer también suscribió un contrato de arrendamiento por $3.669 millones de pesos durante diez años, mediante el cual el Banco Agrario trasladó una de sus sedes al edificio CENTUM Business Building, donde operan varias de las empresas involucradas en los proyectos crediticios. La suscripción de este contrato bajo la administración de Chica reforzó las dudas sobre el alcance de la relación entre la entidad financiera pública y las compañías de los familiares de la primera dama.

Los documentos internos muestran que dentro del Banco Agrario hubo presiones para aprobar créditos que finalmente no avanzaron, mientras otros sí pasaron los filtros. La suma de solicitudes, contratos y vínculos societarios mantiene bajo observación la gestión de la entidad y sus decisiones durante el actual gobierno, debido a la participación de familiares de altos funcionarios, lo que exige la mayor transparencia y controles estrictos.

Aunque la aprobación de créditos no constituye delito, sí quedan interrogantes con respecto a la misionalidad del Banco Agrario, cuyo objetivo principal es el fomento agropecuario, y no la financiación de negocios inmobiliarios vinculados a familiares del presidente.

Artículo traducido sobre Verónica Alcocer publicado por Expressen. «Aquí Expressen encuentra a la primera dama prófuga en Estocolmo»