Congresista del Centro Democrático alertó por borrador de decreto para asignación de recursos de la UNGRD comunidades indígenas

De acuerdo con la congresista, la iniciativa contempla que los cabildos indígenas participen en la definición de los lineamientos para la asignación de recursos administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Aseguró además que ya hay un borrador del decreto y el contenido ha suscitado inquietudes por el mecanismo previsto para la distribución de estos recursos y por el contexto institucional de la entidad.

Posada señaló que el proyecto permitiría que la UNGRD realice la asignación de recursos con fundamento en principios como la autonomía, el control comunitario, la pertinencia cultural y la sostenibilidad. En ese sentido, afirmó que la propuesta podría dar lugar a procesos de contratación sin los controles que, en su criterio, deberían aplicarse al manejo de recursos públicos.

“Un proyecto de Decreto con fuerza de Ley publicado por Presidencia permitiría que los cabildos participen en el diseño de los lineamientos para la asignación de estos recursos. Además, la Unidad del Riesgo deberá asignar los recursos con base en los principios de autonomía, control comunitario, pertinencia cultural y sostenibilidad. Esto suena muy bonito, pero puede terminar en una contratación sin controles. Un potencial boquete de corrupción”, expresó la senadora.

La congresista también manifestó que, a su juicio, la expedición de este decreto se produciría mientras el Gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra en la etapa final de su mandato. En ese contexto, sostuvo que la iniciativa buscaría dejar definidas partidas relacionadas con la gestión del riesgo, pese a las investigaciones y cuestionamientos que han rodeado a la UNGRD durante la actual administración.

En sus declaraciones, Posada afirmó que la propuesta reviste importancia debido a que se trata de un decreto con fuerza de ley. Explicó que esta facultad tendría sustento en el artículo 56 transitorio de la Constitución Política, disposición que habilita al Ejecutivo para expedir normas con ese alcance dentro de los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

La senadora indicó además que, desde su perspectiva, el mecanismo planteado reduciría la participación del Congreso en el proceso de definición de estas medidas, al tratarse de una norma expedida directamente por el Gobierno nacional en ejercicio de facultades constitucionales.

El pronunciamiento de la congresista se produce mientras el borrador del decreto permanece en etapa de publicación y conocimiento público. Durante este proceso, distintos sectores podrán conocer el contenido de la propuesta y formular observaciones conforme a los procedimientos previstos para este tipo de iniciativas normativas.