Choque en el empalme: MinJusticia marcó diferencias con el y afirmó que el comité de De La Espriella no tiene funciones de auditoría

El funcionario aseguró que el Gobierno tiene preparada toda la información requerida para una entrega técnica y transparente, pero sostuvo que el comité de empalme no tiene competencias para realizar auditorías, al considerar que esa función corresponde exclusivamente a los organismos de control.

A través de una serie de trinos en su cuenta de X, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, manifestó su preocupación por el ambiente que rodea el proceso de transmisión del poder y señaló que, desde su perspectiva, se ha construido una narrativa que no corresponde a una transición democrática. En ese contexto, afirmó que el Gobierno saliente está dispuesto a entregar toda la información institucional prevista por la ley, pero cuestionó que el empalme sea interpretado como un ejercicio de investigación o fiscalización.

Cuervo indicó que el clima de opinión existente alrededor del cambio de gobierno le genera dudas sobre las garantías con las que cuenta la administración saliente para rendir cuentas de su gestión. En uno de sus mensajes escribió que percibe un escenario distinto al de una transición entre gobiernos elegidos democráticamente y expresó que algunos sectores presentan al Ejecutivo como si se tratara de una "organización criminal en el poder".

El ministro también hizo referencia a lo que, según dijo, sería el escenario que algunos esperan durante las reuniones de empalme. "Imagino que el escenario ideal sería que en cada comisión de empalme, afuera estén delegados de la Fiscalía y el CTI listos a hacer efectivas órdenes de captura para todos y cada uno de los ministros y directores de entidades", publicó.

En sus declaraciones, el funcionario aseguró que el Ministerio de Justicia ya consolidó la información requerida para cumplir con el proceso de entrega institucional. "En el MinJusticia ya está lista toda la información que precisa un empalme técnico y transparente, como exige la ley", manifestó, al tiempo que indicó que la entidad permanece a disposición de las autoridades para atender cualquier requerimiento que sea formulado.

Cuervo sostuvo que el cumplimiento de las reglas institucionales hace parte de las obligaciones del Gobierno saliente y afirmó que espera demostrar que no existe fundamento para la presunción de culpabilidad que, según expresó, algunos sectores han atribuido a integrantes de la actual administración.

Uno de los principales planteamientos del ministro estuvo relacionado con el alcance jurídico del proceso de empalme. En ese sentido, señaló que un comité integrado por particulares no cuenta con facultades legales para adelantar auditorías sobre la gestión del Gobierno, ya que esas competencias corresponden a entidades como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y los demás organismos de control establecidos por la ley.

Para sustentar esa posición, Cuervo citó la Ley 951 de 2005, norma que regula los informes de gestión que deben presentar los servidores públicos al finalizar sus funciones, y el artículo 50 de la Ley 1757, relacionado con la rendición de cuentas como mecanismo de transparencia frente a la ciudadanía. Según explicó, estas disposiciones establecen obligaciones sobre la entrega de información, pero no convierten el empalme en una auditoría.

El ministro también afirmó que el proceso de empalme, como reunión entre el gobierno saliente y el entrante para facilitar la transmisión del poder, constituye una práctica institucional que se ha desarrollado en Colombia, aunque señaló que no existe una regulación específica que lo establezca como obligación legal.

Las declaraciones de Cuervo se producen después de que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación emitieran una directiva conjunta en la que solicitaron al Gobierno Nacional garantizar la entrega completa de la información necesaria para el empalme, con el propósito de asegurar la continuidad de la administración pública y prevenir eventuales afectaciones en la prestación de los servicios del Estado durante la transición presidencial.

Coordinadora del empalme del sector Hacienda del gobierno electo figura entre las 10 finalistas para Contralora General