Abelardo De La Espriella ordenó acelerar sometimiento de presunto criminal y advirtió que no habrá negociaciones

Una instrucción directa a los ministros de Defensa y Justicia fue impartida por el presidente Abelardo de la Espriella, quien estableció un plazo de una semana para coordinar el sometimiento a la justicia de un sujeto al que el Gobierno señala de mantener actividades delictivas y confrontaciones contra el Estado.

El pronunciamiento del mandatario establece una posición contundente frente a quienes, pese a los llamados de las autoridades, continúen vinculados a estructuras criminales y desarrollando acciones contra la población o las instituciones. De La Espriella dejó claro que su administración no pretende abrir escenarios de negociación con este tipo de actores y que la prioridad será lograr su entrega ante las autoridades judiciales.

La orden fue dirigida específicamente a los ministros de Defensa y de Justicia, a quienes el presidente pidió coordinar las acciones necesarias para lograr el sometimiento. En su mensaje, el mandatario estableció un término concreto para que se produzcan resultados.

"Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto", manifestó el presidente.

La instrucción se produce en medio de la política de seguridad del Gobierno Nacional, que busca diferenciar entre los mecanismos de sometimiento a la justicia y eventuales procesos de negociación política con organizaciones armadas. En este caso, De La Espriella enfatizó que no habrá condiciones adicionales para que el señalado se entregue a las autoridades.

"Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias", afirmó el jefe de Estado, marcando así la postura del Ejecutivo frente al procedimiento que deberán adelantar las autoridades.

El mensaje presidencial plantea dos escenarios. El primero corresponde a la posibilidad de que el sujeto señalado acepte someterse a la justicia y abandone las actividades criminales. El segundo contempla la continuidad de las acciones delictivas y de la confrontación con el Estado, escenario en el que, según el mandatario, las autoridades deberán emplear la fuerza dentro del marco jurídico correspondiente.

De La Espriella sostuvo que, si el señalado decide no entregarse y mantiene sus actividades ilegales, la respuesta del Estado será contundente. "Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde", afirmó.

Analistas y líderes de opinión aseguraron que la expresión utilizada por el presidente hace referencia a la posibilidad de que las Fuerzas Militares actúen contra el señalado en operaciones de seguridad, bajo las condiciones y límites establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano. El mandatario presentó esta alternativa como parte de una política de firmeza frente a quienes continúen utilizando la violencia o desarrollando actividades criminales.