Gobierno Petro busca establecer la censura de prensa

Era de esperarse. Que el gobierno de Gustavo Petro buscara instaurar la censura, era cuestión de tiempo.

En las últimas horas,

dio a conocer un proyecto de ley para reformar la política criminal, elaborado por el viceministro de Justicia, en el que fue incluido un artículo que establecía la censura de prensa.

El artículo 71, relacionado con la estrategia de concientización ciudadana sobre la política criminal en prensa, radio y televisión señalaba que los medios de comunicación, radio, prensa, televisión y medios virtuales masivos debían adelantar campañas destinadas a «generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal […] y la potencialidad de la justicia restaurativa».

Hasta ahí, más allá de la imposición de una agenda de difusión, propia de los regímenes dictatoriales, la disposición generaría incomodidad y malestar por el robo de tiempo y recursos para difundir el discurso del gobierno.

Sin embargo, el veneno de la censura venía después: «Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos».

Esto es, ni más ni menos, censura, un atentado contra la libertad de prensa que comienza a despuntar en los proyectos del gobierno Petro.

De hecho, sería el gobierno, directamente, el encargado de la censura, pues en el Consejo Superior de Política Criminal tienen asiento los ministros de Justicia y de Educación, los directores de la Agencia Nacional de Inteligencia, del Inpec, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, del ICBF y de Planeación Nacional. Esto sin contar con el Ministerio de las TIC, que supervisaría la censura de los medios virtuales masivos.

Este ramillete de funcionarios, todos nombrados por el presidente, sería la nueva casta de censores de prensa, conforme a lo establecido en el proyecto de reforma a la política criminal de Colombia.

Los desaciertos de la MinTic

Sobre el proyecto, la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, le dijo a El Colombiano, que la reforma «pretendía que los medios publicaran obligatoriamente informes sobre la humanización de la política criminal, no sin antes ser supervisados por el Consejo Superior de Política Criminal».

Igualmente, Urrutia sostuvo que «no se trataba de un tema de censura, sino de una oportunidad para sensibilizar». Es evidente que la ministra desconoce el significado de obligatorio –que obliga a su cumplimiento y ejecución– y también ignora lo que significa supervisar –ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros–.

Lo que también desconoce la ministra, es el significado de censurar: corregir o reprobar algo o a alguien (supervisar); ejercer la función imponiendo (obligando) supresiones o cambios en algo.

Gobierno corrió a «enmendar en error»

Era tan evidente la censura, que el ministro de Justicia Néstor Osuna corrió a anunciar una modificación del borrador del proyecto, asegurando que «como parte de las recomendaciones, se atendió la propuesta para cambiar el verbo deberán por el de podrán, la cual ya está contemplada en la nueva versión del proyecto de ley que está en construcción».

Así las cosas, la nueva versión quedó de la siguiente manera: «Los contenidos podránser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación. El Consejo Superior de Política criminal podrá conceptuar sobre contenidos de comunicación para el Gobierno Nacional».