Gobernador de Antioquia rechazó en la Corte Constitucional la imposición de las APPA en el Suroeste

Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, defendió este lunes la autonomía territorial del Suroeste antioqueño y expresó su rechazo a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Su intervención se dio en el marco de la audiencia pública por el proceso de inconstitucionalidad contra el artículo 32 parcial de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo.

El mandatario pidió a los magistrados declarar inexequible la norma, al considerarla “una afrenta a la autonomía de los municipios y departamentos del país que define la Constitución”. Durante su exposición aseguró que “las APPA que quiere imponernos Petro son cercanas al socialismo y lejanas de las libertades individuales y colectivas”. Según dijo, de aprobarse en el Suroeste antioqueño, “será el Gobierno Petro el que decidirá dónde se cultiva y tendrá el poder de decidir sobre los emprendimientos en turismo y productivos, entre otros usos del suelo en esas zonas”.

En la audiencia, Andrés Julián advirtió que existe una contradicción entre el ordenamiento del territorio rural, la planeación agropecuaria local, la definición de las APPA y las competencias que la Constitución y la Ley asignan a la Nación, los departamentos, distritos y municipios. “La disposición que tiene el Gobierno Nacional con las APPA y con lo que se contempló en el artículo 32 del Plan de Desarrollo no establece una orientación general, como ya lo ha definido previamente la Constitución y la Ley. Tampoco se establece que pueda ser algo susceptible discrecionalmente de acoger o no por quienes tienen la competencia final, sino que le está dando directamente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la competencia exclusiva de ordenar el suelo y lo hace de manera obligatoria”, explicó.

El Gobernador señaló además que el artículo demandado no garantiza los principios de coordinación y participación efectiva de las entidades territoriales, ya que no contempla mecanismos para ello. En ese sentido, afirmó que “no ha habido lugar a la concertación” y que las APPA “han querido imponerse por parte del Gobierno Nacional desde el día uno”. Incluso, precisó que la información sobre su implementación la ha conocido gracias a la interposición de mecanismos judiciales.

En su intervención también destacó que la Gobernación de Antioquia, como nivel intermedio, ha desarrollado políticas públicas para garantizar la seguridad alimentaria. Entre ellas mencionó el Sistema Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su política pública, el Sistema de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia, el Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme” y la Ordenanza 4 de 2024, que autoriza destinar hasta el 100 % del recaudo del impuesto vehicular a la financiación de esta política.

De acuerdo con el mandatario, estas medidas han permitido disminuir en un 78 % las muertes por desnutrición en niños menores de cinco años, la cifra más baja en 20 años. También resaltó que en los últimos dos años se multiplicó por cinco el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con una inversión cercana a los 220 mil millones de pesos, la entrega de alimentos durante 63 días adicionales de calendario y el pago a 5.300 manipuladoras de alimentos.

Finalmente, recordó que Antioquia es el departamento con mayor producción agropecuaria del país. Según sus cifras, la región cuenta con más de 4 millones de toneladas y 390 mil hectáreas destinadas a este propósito, con una generación de un empleo por hectárea. “El Suroeste es la tercera zona de producción de alimentos en el departamento”, puntualizó.