Fiscalía imputó cargos a siete personas por presuntas irregularidades en la UNGRD: Negaron señalamientos

La Fiscalía General de la Nación imputó a siete personas presuntamente vinculadas al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ante una juez de Bogotá, la Fiscalía General imputó a César Manrique por su presunta participación en el entramado corrupto para desfalcar a la UNGRD, entidad de la que él habría intentado favorecerse con contratos públicos.

Los procesados no aceptaron los cargos que se les atribuyen, entre los que figuran delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad documental y lavado de activos.

Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, fue señalado por su presunta participación en el desvío de al menos $100.000 millones de pesos provenientes de un convenio firmado entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

De acuerdo con la Fiscalía, la decisión de imputar cargos se sustentó en la recopilación de material probatorio que demostraría la existencia de una estructura dedicada al direccionamiento irregular de contratos y la apropiación indebida de recursos públicos destinados a la gestión de emergencias en el país.

Los demás imputados son:

• Édgar Riveros Rey, abogado, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado.
• Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD, señalados por su posible participación en el mismo entramado delictivo.
• Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, vinculados a la Corporación Yapurutú, por presuntas manipulaciones contractuales y apropiación de fondos públicos.
• Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, imputados por el delito de lavado de activos.

Según la investigación, la red habría utilizado contratos direccionados, documentación falsa y mecanismos financieros para canalizar recursos públicos hacia fines distintos a los previstos legalmente. Las imputaciones hacen parte de una estrategia más amplia liderada por el ente acusador para desmontar las estructuras que afectan la destinación de recursos dirigidos a la atención de desastres naturales y otras emergencias.

La Fiscalía continuará con la solicitud de medidas de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.