La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra nueve personas, entre ellas exservidores públicos y representantes legales de empresas privadas, por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con los contratos para el mantenimiento del Parque de las Aguas en Medellín. Según la investigación, estas personas habrían participado en un esquema de apropiación indebida de recursos públicos que ascienden a $2.800 millones de pesos.
Entre los acusados figuran Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras de Metroparques; y Laura María Mejía Higuita, líder del programa unidad logística del Área Metropolitana. También fueron acusados los particulares Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galíndez Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo, quienes representaban legalmente a las empresas contratistas.
Los delitos que se les imputan incluyen contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
Según las pruebas recolectadas por la Fiscalía, entre mayo de 2020 y octubre de 2022, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá firmó tres contratos interadministrativos con Metroparques por un valor total de $17.450 millones de pesos para el mantenimiento del Parque de las Aguas.
Posteriormente, Metroparques subcontrató a tres empresas privadas mediante invitaciones privadas. Una de estas empresas recibió más de $2.415 millones de pesos; otra, presuntamente una compañía de papel, obtuvo $1.131 millones; y la tercera recibió $848 millones.
El material probatorio indica que estas empresas se habrían apropiado ilegalmente de $2.800 millones de pesos de los recursos girados. Además, se encontraron sobrecostos en la facturación, irregularidades en el manejo de inventarios y deficiencias en la entrega de información.
La Fiscalía también señaló que, desde 2020, el Área Metropolitana habría cambiado la modalidad de contratación para el mantenimiento del parque, lo que, al parecer, vulneró los principios de igualdad y pluralidad de oferentes.
El caso será llevado a juicio, donde los procesados deberán responder por las acusaciones en su contra.
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