La reunión ha sido catalogada como un Cumbre sobre HidroItuango y a ella están citados en Palacio de Nariño, el Ministro de Minas y Energía Diego Mesa, el Contralor General, Felipe Córdoba, la Procuradora General, Margarita Cabello, el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el Gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo, el Consejero Presidencial, Juan Emilio Posada y los representantes de la aseguradora Mapfre.
El propósito de la reunión es buscar la manera de encontrar salidas viables a la encrucijada en la que se encuentra el futuro cercano de HidroIguango, la misma que debería de comenzar a generar electricidad en el mes de julio de 2020, cuyo cronograma se viene cumpliendo, pero que con el fallo de la Contraloría en primera instancia y la presión del Alcalde de Medellín por remplazar a los constructores para dárselo presuntamente a una empresa china; tiene comprometido el futuro y la continuidad del pago de la aseguradora.
Y es que ya Mapfre, como aseguradora había aceptado pagar mas de US$2.556 millones de dólares de los cuales realizó en el mes de agosto un tercer pago por valor de US$100 millones para un acumulado total de US$350 millones de dólares que están en caja de EPM.
Con el fallo en primera instancia de la Contraloría que declara responsables fiscales a exalcaldes, exmiembros de junta, representantes de las empresas constructoras como personas naturales y a las empresas del consorcio constructor y las empresas del consorcio interventor, como personas jurídicas y a las que les señala que deben pagar mas de 4.5 billones de pesos; se desató una ola de conflictos y riesgos que pueden llevar a que el proyecto Hidroiguango termine en el fracaso.
Y es que con el riesgo de que el fallo de la Contraloría General de la Nación termine siendo confirmado, aunque fue impugnado, se vendrían una cascada de sucesos desafortunados, que pondrían en riesgo no solo la obra sino la seguridad energética del país, la existencia de las empresas constructoras e interventoras y la posibilidad de ver el dinero que se reclama, pues sumando el patrimonio de los afectados, no se logra cubrir el valor que exige el fallo.
Como si fuera poco, las empresas Coninsa Ramón H y Conconcreto, han debido recurrir ante la Superintendencia de Sociedades, para que sean aceptados en el capítulo de reorganización a fin de enfrentar el riesgo de ser condenados; pues han hecho evidente, que no existe capacidad de pago.
Así las cosas, por ejemplo Conconcreto, empresa con mas de 58 años de existencia y responsable de gran parte del desarrollo del país, con participación no solo en obras de unidades residenciales y soluciones habitacionales, sino con carreteras, túneles, puentes, aeropuertos y otras megaobras; podría desaparecer por quiebra, quedando cada una de las obras que todavía están en garantía del constructor, sin quien pueda responder.
Y es que el patrimonio de ConConcreto es de al rededor de 1.2 billones de pesos y con ganancias anunales de 80 mil millones, lo que evidentemente no alcalza para cubrir los 4.8 billones que terminaría siendo la deuda total a pagar si se suma lo que tendría que pagar al municipio de Medellín por cuenta del fallo de la Contraloría, dinero que iría a libre disposición del Alcalde Daniel Quintero y no a EPM ni a HidroIguango.
El caso de ConConcreto es especial, porque con su quiebra también se verían amenazados los intereses de todos aquellos colombianos que tengan pensiones en Colfondos y Protección, dos de las administradoras de fondos de pensiones que han puestos el dinero en las acciones y rentabilidad de ConConcreto.
Pero el tema va mas allá, pues el fallo de la Contraloría tienen serias dudas en la idoneidad de quienes realizaron el análisis técnico que terminó en el fallo, entre los que se encuentran un técnico dental venezolano con una técnica en Ingeniería Civil que fue profesionalizado y que a duras penas cuenta con estudios no terminados de especialización. Esto sin contar además que el fallo no determinó cuánto le toca pagar a cada uno de los mas de 23 implicados por lo que la deuda no detalla porcentajes y los hace a todos responsables del total de la deuda.
Si bien todos los actores implicados en el fallo han interpuesto los recursos de impugnación, es también sabido que el análisis del estas impugnaciones y recursos son estudiada por la misma contraloría; es decir, no se trata de un independiente que pueda hacer un fallo en segunda instancia independiente, sino que emana de la misma entidad que profirió el fallo en primera instancia.
El temor a que, se confirme el fallo, es tan grande que desde ya se hacen los cálculos de lo que significaría cambiar de contratistas constructores y lo que debería pagar EPM en caso que no pueda cumplir con los tiempos de generación de electricidad.
Y es que, por ejemplo el BID, obligó no hace mucho al cambio en una de las cláusulas, que la lleva a proteger su inversión y préstamos multibancarios. Según la cláusula en cuestión, si EPM no logra que HidroItuango genere electricidad para el mes de julio de 2022, se le tendría que pagar 17.6 billones de pesos; algo mas de cuatro veces lo que reclama la contraloría a los constructores. Si esto se produjera, significaría la casi quiebra de EPM, según lo advierten los expertos.
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Pero es claro que esto solo se pagaría si no entra en funcionamiento en el plazo establecido, algo que efectivamente ocurriría si se produce el cambio de constructor, pues entre que sale uno y entra otro, puede pasar un año y medio.
Pero no solo el cambio de constructor haría que EPM pagara y comprometiera su estabilidad futura, sino que pondría en riesgo la generación eléctrica futura, pues Hidroituango significa la generación de cerca del 20% de la electricidad futura del país, necesaria de acuerdo a su crecimiento. Si bien el Ministro Diego Mesa, descarta un racionamiento cercano, no tardaría mucho tiempo en que el país agotara la producción eléctrica actual y la requerida y quedaría a merced de las contingencias climáticas y a la primera sequía, vendría el racionamiento; o como lo explican los expertos, se incrementarían las tarifas de la energía.
El tema de HidroItuango que hasta el momento se han visto como un tema local de peleas políticas y caprichosas del Alcalde Daniel Quintero con los constructores, es en realidad un tema de país, porque afecta la seguridad energética de colombia y los intereses de millones de ciudadanos.
Otro de los temas, es que el cuestionado fallo de la Contraloría, podría hacer que Mapfre dejara de pagar, lo que haría que Medellín y EPM se queden “sin el pan y sin el queso”, pues al no pagar la aseguradora, no hay dinero para continuar la obra, y tampoco se prodía recuperar el dinero que reclaman desde la Contraloría, porque no hay capacidad de pago.
Lo que está ocurriendo con todo esto es ahora, la toma de conciencia del Gobierno Nacional de un problema que ha dejado avanzar y que mientras no se tomen cartas en el asunto, hará que sea todo el país el que tenga que padecer las consecuencias de la toma de decisiones caprichosas de algunos funcionarios locales.
Ahora lo que se busca en esta “cumbre” es tratar de salvar el proyecto y de hacer que la aseguradora Mapfre, continúe pagando los 2.5 millones de dólares, por lo que es parte en esta reunión de alto nivel y que enfrenta las posiciones del Alcalde Daniel Quintero y de la Contraloría que ponen en riesgo la obra y la de la lógica racional de hacer que se tenga como principal punto de enfoque, sacar adelante la megaobra que tiene ya un avance del 85%.
Así las cosas, sobre las 3 de la tarde, se espera que el país conozca los resultados de esta reunió que se ha llevado toda la mañana.
