(ESPECIAL) 30 años de las leyes de servicios públicos y electricidad: Fechas claves y las peligrosas intenciones de reformar leyes

Para haber llegado a los 30 años de estabilidad energética en Colombia, se trasegó por una larga historia que cuenta de decisiones claves en fechas que hoy se recuerdan como parte del camino que llevó a que el país terminara siendo un ejemplo mundial en su gestión. IFMNOTICIAS hizo un recorrido por las fechas más importantes en esta tercera entrega.

Siglo XIX. En Bogotá a finales de ese siglo la energía era solo para el sector comercio y luego se comenzó a esparcir el servicio en algunas residencias.

Entre 1920 y 1930, se realizaron reformas que determinaron que estas empresas, que eran privadas, pasaran a ser del Estado.

En 1967, la administración de Carlos Lleras creó Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), para suministrar electricidad en el país de forma más rápida. Las empresas regionales que conformaban ISA, entre ellas, la Empresa de Energía de Bogotá, EEB y Empresas Públicas de Medellín, EPM, por ejemplo, cedieron participación a la Nación, con el ánimo de poder ejecutar proyectos, como una contraprestación.

Para 1990, un estudio que analizó a las empresas estatales de energía eléctrica, que para entonces, eran las encargadas de la prestación del servicio, y se identificó que imperaban los resultados negativos en eficiencia administrativa, operativa y financiera.

Entre 1992 y 1993, mientras el Estado estaba a cargo de toda la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica a través de las ‘electrificadoras’, se presentó el apagón nacional, con racionamiento de nueve horas en Bogotá, diez horas en seis departamentos de la Costa Atlántica y hasta 18 horas en San Andrés y Providencia.

En 1994 se aprobaron las leyes 142 y 143 de 1994 de servicios públicos domiciliarios y energía eléctrica, respectivamente, a través de las cuales se permitió el ingreso de privados a la cadena de prestación del servicio y se estableció la institucionalidad del sector. Desde este momento no han ocurrido apagones en Colombia. 

Estatalizar sería un retroceso y endeudar al país como en los años 80 y 90

Con la llegada del presidente Gustavo Petro, el país ha tenido que escuchar, con preocupación, las ideas que ha lanzado desde septiembre de 2023 en varios de sus discursos y en diferentes escenarios. Petro insiste en repetir el término “estatalizar” de nuevo los servicios públicos, según él, “con el objetivo de democratizar el servicio, universalizarlo y bajarles la tarifa mensual a los hogares más pobres”.

Sobre estas ideas, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Espinal, señala el riesgo inminente de un nuevo apagón al politizar de nuevo el sector energético con una estatización.

“Un tema vital como el de la prestación del servicio público domiciliario no debe ser devuelto a la voluntad de los políticos de turno. Claramente, Colombia tiene 6 décadas, desde comienzos del siglo 20, de ejemplo de prestación del servicio con precariedad y el nivel de endeudamiento nos dejó como uno de los países con mayor deuda externa en el espectro mundial. Un discurso populista no es conveniente frente a los resultados positivos que ha tenido en los últimos 30 años el sector manejado por empresas privadas y mixtas”.  

Vale recordar que entre 1980 y 1987, el 37% de los intereses de la deuda pública externa de la Nación correspondía al sector eléctrico. A diciembre de 1991, con una deuda acumulada de 4.941 millones de dólares, el sector eléctrico representaba el mayor problema macro del Gobierno Nacional, pues las inversiones originadas por el sector energético, eran del 24% de la inversión pública y causantes del 33% del déficit fiscal.

Motivaciones y transformaciones con leyes 142 y 143 de 1994

Las normas vigentes hace 30 años reorientaron la política crediticia de la banca multilateral y se logró reducir ostensiblemente el peso del servicio de la deuda del sector eléctrico sobre las finanzas nacionales, además se comenzó una experiencia exitosa de reforma de los sistemas eléctricos estatales, con participación de grupos privados y conglomerados mixtos que aportaron en el desarrollo de un modelo estable y un sistema seguro de interconexión y prestación del servicio.  

Como logros destacables se recuerda que se generó tributación abundante, continuidad del suministro, sostenibilidad ambiental, abastecimiento de recursos primarios, bienestar de la población, se avanzó hacia modelos de transición energética y la creación de empresas multilatinas del sector eléctrico.

La liga de usuarios en favor de estatalizar la prestación de servicios públicos

Como ya se enunció, el presidente Gustavo Petro ha arremetido con frecuencia contra lo que considera son “las altas tarifas de servicios públicos”. A esta postura se suman voces como la de Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga Nacional de Usuarios, quien señala que las tarifas rentables actúan como las principales impulsoras del aumento de la inflación y causan empobrecimiento y empeoramiento de la calidad de vida de la población.

Según cifras de IPC, se tiene una variación anual de la inflación del 7,9% en el suministro de agua, del 19,10% en electricidad y del 5,18% en la recolección de basuras. Gaviria afirma que los datos son peores en la región Caribe, donde se observaría un creciente desempleo, informalidad, inseguridad alimentaria y pobreza. “Los usuarios de Colombia no tenemos ningún motivo para celebrar el cumpleaños de una ley que es causa de nuestra crisis. Por el contrario, debemos alentar la reclamación justa por la rebaja significativa de las tarifas, derogatoria del régimen tarifario especial de la costa Caribe y por la definición de tarifas pagables”, añadió.

Sin embargo, esta posición, señalan no está soportada técnicamente y los expertos insisten en que el Estado ha demostrado no ser el mejor administrador, por lo que señalan que estatalizar es un error y el sistema debe mantenerse con la presencia de los privados, la regulación estatal y garantizar desde la inversión hasta la innovación.

La última palabra en ese debate propiciado por el primer mandatario de los colombianos, todavía no está dicha y el debate sigue servido para que el Congreso de la República, los gremios y la ciudadanía, aporten con sus propuestas sobre el devenir de la prestación de los servicios domiciliarios en el país.

Así, con más beneficios que aspectos negativos, se cumplieron los 30 años de dos leyes que, si bien no son perfectas y con el paso del tiempo, requieren actualización; se les reconoce que han sido el eje fundamental para el desarrollo del país, para la mejora en la calidad de vida de los colombianos, para la estabilidad social y económico.

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