En la segunda entrega de este especial de IFMNOTICIAS, revisamos las numerosas voces ciudadanas se preguntan: ¿por qué Colombia no se volvió a apagar, a diferencia de otros países que han tenido apagones y racionamientos? Basta con recordar este mismo año, como en medio del fenómeno del Niño, países vecinos se vieron a oscuras y Colombia, pudo resistir, pese a la amenaza de la sequía.
En buena parte, la respuesta está en el esquema que hoy rige al país en esta materia. Para lograr puntos de análisis, IFMNOTICIAS hizo retrospectiva de lo que, en cifras de pérdidas económicas, significó el apagón entre marzo de 1992 y febrero de 1993 en que se sumió la nación.
Entonces, el apagón histórico, obedeció a la crisis energética que se dio en el país, por cuenta, entre otras razones, del bajo nivel de los embalses, que no llegaban ni al 30% de su capacidad y que generaban la energía eléctrica en medio de un fenómeno de El Niño que fue devastador. Además de la sequía, hubo retrasos en el cronograma de construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos y las centrales de generación térmica no funcionaron durante esa coyuntura. La política energética del país, para ese momento, era un caos.
Justo en ese comienzo de la década de los 90, el Estado era el que estaba a cargo de toda la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica a través de las electrificadoras públicas. Durante el apagón, de 5 de la tarde a 9 de la noche no funcionaban los semáforos, no había comercio, ni oficinas, ni industrias; los colegios y universidades cerraban sus horarios nocturnos y mucho menos había opción alguna para el entretenimiento. Las pocas luces que se veían eran las de los automóviles, de las de las clínicas y hospitales y de una que otra planta eléctrica o de algún transeúnte acompañado por una linterna. La oscuridad reinaba y solo se veía por las ventanas de las casas, el titilar de las velas de parafina.
El apagón trajo como resultado un costo cercano a 3 puntos del PIB y las pérdidas del sector productivo alcanzaron los 33 millones de dólares semanales. Como resultado de la crisis energética, nacieron dos leyes: la 142 conocida como la “Ley de Servicios Públicos” y la 143 o Ley Eléctrica; ambas promulgadas en 1994.
Estas leyes fueron las que reformaron el sector, permitiendo el ingreso de del sector privado a la cadena de prestación del servicio, abriendo la puerta a la inversión, y creando entidades e instituciones que asumieron la responsabilidad de hacer que lo que había ocurrido, no volviera a pasar en el país.
También se reglamentaron las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, lo que abrió el interés de la inversión privada que entraba en competencia. Desde entonces no ha vuelto a ocurrir un apagón en el país. Ya se cumplieron tres décadas con un servicio de energía eléctrica constante.
Luis Fernando Londoño, gerente de comercialización de Isagen, dice tener la repuesta a la pregunta de ¿por qué, luego del año 92, no se ha vuelto a apagar el país? Londoño es contundente al afirmar que “estamos mejor que la mayoría de los países del mundo. No ha habido apagones en los últimos 30 años porque hemos invertido más de 140 billones de pesos entre las empresas mixtas y privadas a su riesgo”.
Sin duda la respuesta es clara y se evidencia cuando hoy, 97 de cada 100 colombianos, tiene el servicio de energía a través del Sistema Interconectado Nacional y se avanza en dotar de electricidad, gracias a esas leyes, a las Zonas No Interconectadas, ZNI, gracias a los fondos creados que han permitido crear generadoras autosostenibles con plantas de energías alternativas, en sistemas mixtos de fotovoltaicos, eólicos; en selvas, desiertos, llanos y montañas.
¿Qué pasará en el futuro?
El fantasma del apagón ha vuelto de la mano de anuncios confusos del Gobierno Nacional, que pretende plantear cambios en las leyes que, hasta ahora, han garantizado la seguridad energética de Colombia. Estos anuncios se suman a otras situaciones que ponen en riesgo esta estabilidad.
Voces expertas, plantean alertas sobre un posible desabastecimiento de energía a mediano plazo por la demora en la entrada de los nuevos proyectos que afectan la disponibilidad de energía, en un país que crece, no solo en la demanda de la población creciente, sino de los cambios en los modos de producción industrial, de comercio y otros sectores productivos que mueven la nación.
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, asegura que “desarrollar un proyecto en Colombia, hoy, se ha vuelto una odisea. Por ejemplo, en materia de proyectos eólicos, hemos hecho seis subastas de confiabilidad y tres subastas de contratos a largo plazo. La tasa de éxito por subasta es menor al 65%. De 4,5 gigas solares esperados ingresó menos del 5 % y de 1 giga eólico no entró nada. Algún sector político pareciera querer renunciar a los grandes proyectos hidroeléctricos y térmicos, olvidando que son justo estas tecnologías las que nos han garantizado la confiabilidad del suministro 24 horas al día. Ninguno de los proyectos ha entrado en operación comercial a tiempo… y qué, de los megavatios nuevos esperados en el 2021 ingresó solo el 7%; en 2022, el 28%; y en 2023, el 17% de lo esperado. ”expresó con preocupación Gutiérrez.
Por su parte, Ricardo Sierra, presidente de Celsia, reveló que se necesitan inversiones al año superiores a los 2.000 millones de dólares para poder tener los niveles de generación que necesita el crecimiento del país. “Necesitamos mantener la confianza para asegurar ese flujo de inversiones. Casi ningún país en Latinoamérica tiene la confiabilidad del servicio que tiene Colombia. Hace 30 años de cada cuatro hogares había uno que no tenía acceso a energía eléctrica, hoy prácticamente tenemos cobertura completa”, añadió Sierra.
En la tercera parte de este especial de IFMNOTICIAS, descubra las fechas más relevantes que han construido hitos importantes en la historia de la electrificación del país y los peligros tras las intenciones de estatalizar y reformar las leyes que han generado estabilidad energética al país.