(ESPECIAL) 30 años de las leyes de servicios públicos y electricidad: Cómo los colombianos logramos dejar atrás el apagón

A principios de la década de 1990, Colombia se enfrentó a una de las crisis energéticas más severas de su historia, conocida popularmente como el “Apagón”. Este evento crítico ocurrió durante el gobierno del presidente César Gaviria (1990-1994) y tuvo profundas repercusiones en la vida cotidiana de los colombianos y en la política energética del país.

La crisis se desencadenó principalmente por una prolongada sequía que afectó los niveles de los embalses, en un país cuya matriz energética dependía en gran medida de la generación hidroeléctrica. Además, los problemas de planificación y mantenimiento en el sector eléctrico agravaron la situación.  El sistema estaba en su totalidad controlado por el estado, y las llamadas electrificadoras de esa época entraron en quiebra. Era una situación insostenible. 

Como consecuencia, el gobierno se vio obligado a implementar medidas drásticas de racionamiento eléctrico que duraron más de un año. Los colombianos tuvieron que adaptarse a cortes diarios de energía que pudieron extenderse hasta por 9 horas, afectando significativamente la productividad, la educación y la vida social.

Esta crisis motivó una profunda reforma del sector eléctrico colombiano. En 1994, se promulgaron las leyes 142 y 143, que establecieron un nuevo marco regulatorio para los servicios públicos domiciliarios, incluyendo la energía eléctrica. Estas leyes buscaban diversificar la matriz energética, atraer inversión privada al sector y mejorar la cobertura y eficiencia del servicio.

El “Apagón” se convirtió en un hito en la historia reciente de Colombia, marcando un antes y un después en la política energética del país y dejando una huella indeleble en la memoria colectiva de toda una generación de colombianos.

Entonces, muchos colombianos madrugaron a oscuras durante casi un año por la que fue conocida como la “Hora Gaviria”. En consecuencia, se decretó el racionamiento más radical que Colombia recuerde en su historia. El apagón se prolongó por 11 meses y duraba en promedio entre 6 y 9 horas diarias. Muchos jóvenes que conocen la historia hoy no pueden creerlo, y es motivo de curiosidad pensar cómo el país superó esa calamidad.

El 11 de julio de 2024 marcó el trigésimo aniversario de las leyes 142 y 143 sobre servicios públicos domiciliarios, promulgadas durante el gobierno del presidente César Gaviria, en respuesta al memorable “apagón” que afectó al país. Estas leyes, que desarrollaron seis artículos de la Constitución de 1991, tenían como objetivo principal expandir y mejorar la cobertura de los servicios públicos domiciliarios en todo el territorio nacional. En el caso específico de la energía eléctrica, buscaban superar el alcance limitado del 70% de la población que existía en aquel momento. La legislación se enfocó en conectar a más hogares colombianos, garantizando calidad y eficiencia en el suministro de servicios esenciales.

Sin duda, el apagón dejó en evidencia el atraso que el país tenía en materia de seguridad energética, demostró la precaria gestión, la escasa inversión y llamó la atención de la imperiosa necesidad de tomar medidas que condujeran a garantizar que esto no volviera a ocurrir en el país.

Así las cosas, las normas actuales, pusieron fin a los 60 años anteriores que marcaban una historia en el país, sobre la debilidad en la prestación pública de servicios, que para entonces, eran precarios, regidos por leyes inconexas para cada sector.

Anteriormente, los vaivenes de la política regían el destino de los servicios públicos que permanecían bajo el control del estado, por lo que el manejo obedecía a intereses inmediatistas que, a la postre, hicieron que el país se apagara. La promulgación de las leyes 142 y 143 permitieron la participación de inversionistas privados y públicos, nacionales y extranjeros; en un ambiente de competencia, y se garantizó, desde entonces, tasas de ganancia mínima a través de la determinación de tarifas eficientes, como estímulo para atraer sus inversiones y asegurar su permanencia en el país.

¿Qué dicen los gremios?

La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica-Asocodis- asegura que, en 1994 nacieron estas dos leyes de gran trascendencia, que sentaron “sólidas bases para que el sector de servicios públicos y, en particular, el de energía eléctrica, pudieran cumplir con su labor esencial: brindar diversos servicios de forma continua y de mayor calidad a los colombianos”.

Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, Andesco, y Asocodis, mencionan que, gracias a esas leyes, el país cerró el triste capítulo del apagón que, por casi un año, tuvo a los colombianos a media marcha. “Este marco legal sentó un antes y un después en la prestación de servicios públicos como, por ejemplo, el de energía eléctrica”. Gracias a la norma, la cobertura 30 años después es casi plena en los servicios públicos esenciales. “El esquema abrió el ingreso a empresas privadas, públicas y mixtas que han realizado millonarias inversiones para darle un mayor alcance en cobertura, modernidad y calidad a los servicios suministrados a los colombianos, entre otros”; recuerdan desde Andesco.

A su turno, el gremio de distribuidores de energía eléctrica asegura que, “con los cambios introducidos hace tres décadas, el Estado trabaja de la mano de empresas privadas, públicas y mixtas al tiempo y asumió el rol como regulador, planeador y supervisor, a través de una nueva institucionalidad, sólida y técnica”.  De ahí nacieron la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Upme y empresas como XM, entre otras; que hoy son garantes de la estabilidad energética del país.

“Leyes que sacaron al país de las tinieblas y la desesperanza”, dice exministro

En opinión del exviceministro de Minas y Energía, y actual socio copropietario de la empresa Cerrito Capital, Manuel Maiguaishca, la expedición inicial de las leyes 142 y 143 de 1994 obedecieron, en aquel entonces, a resolver una situación catastrófica y coyuntural como fue el apagón de 1992 que dejó sumido al país en tinieblas económicas y a la población en la desesperanza.

Señala Maiguaishca que“en un principio, sirvieron para sortear la coyuntura y en su posterior desarrollo. Pudieron equilibrar la mano pesada del Estado, regulando durante las seis décadas anteriores, las tarifas de manera no técnica, con asignación de recursos y plantas con intereses regionales. Sin que rigiera adecuadamente una nueva institucionalidad, las leyes 142 y 143, permitieron, durante bastante tiempo, regir el sector con pluralidad, con el concurso del sector privado para que pudiera competir con reglas claras. También dotó de criterios técnicos al sector eléctrico colombiano para manejarse ante la alta variabilidad climática y poder prestar el servicio sin importar el clima. Permitió además la solidaridad con la prestación del servicio a personas vulnerables con tarifas menores y subsidiadas.”

Y es que estas leyes fueron más allá y abrieron la puerta a fondos económicos de reserva que han servido hasta ahora, para poder llevar energía eléctrica hasta los rincones menos pensados del país, reduciendo la brecha y llevando desarrollo a todas las regiones y comunidades, de manera plural e incluyente.

En la segunda parte de este especial de IFMNOTICIAS, espere conocer los beneficios que las leyes y medidas adoptadas, permitieron que, en 30 años, el país no se haya vuelto a apagar.

(ESPECIAL) 30 años de las leyes de servicios públicos y electricidad: Y Colombia no se volvió a apagar

(ESPECIAL) 30 años de las leyes de servicios públicos y electricidad: Fechas claves y las peligrosas intenciones de reformar leyes