(EN VIDEO) Rechazo generalizado tras atentados en Cali y Antioquia: Gremios y líderes políticos se pronunciaron

La ola terrorista que sufrió Colombia jueves 21 de agosto, por cuenta de dos atentados dirigidos contra un helicóptero de la Policía y a una base aérea y que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos, generó reacciones de varios sectores políticos y gremios.

La Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña) rechazó el atentado ocurrido en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, que dejó víctimas mortales, heridos y daños materiales en viviendas, locales comerciales y vehículos.

A través de un comunicado, la organización gremial expresó su solidaridad con las familias afectadas y con quienes sufrieron las consecuencias del hecho, reiterando además su respaldo a las Fuerzas Armadas y de Policía. La asociación solicitó al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes avanzar con medidas firmes para dar con los responsables del ataque y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

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El Concejo Distrital de Cali también se pronunció sobre los hechos a través, del presidente del cabildo, Édison Lucumí, quien rechazó lo sucedido y precisó que el atentado dejó cinco personas muertas, más de cuarenta heridas y afectaciones al orden público.

Solicitó a las autoridades ubicar a los responsables materiales e intelectuales, al tiempo que llamó a la institucionalidad local a reforzar las acciones contra la criminalidad. Lucumí sostuvo que la ciudad y su área metropolitana han hecho esfuerzos por salir adelante y que resulta necesario cerrar filas para evitar que la violencia obstaculice ese propósito.

En el escenario político nacional, varios dirigentes manifestaron sus posiciones frente al ataque y la política de seguridad. El excontralor Carlos Felipe Córdoba afirmó que la propuesta de “paz total” del Gobierno no tendría lugar en un eventual mandato suyo. Planteó la construcción de cárceles de máxima seguridad, similares a las implementadas en El Salvador, así como la incorporación de reservistas y militares retirados tras el proceso de paz de 2016. Córdoba señaló que el país no puede estar sometido por grupos armados que afectan a la población civil.

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata, Claudia López, se refirió al debate en el Congreso sobre la posibilidad de otorgar estatus político a organizaciones ilegales y pidió negar el proyecto impulsado por el Ejecutivo. Propuso la creación de una fiscalía antimafia, el diseño de nuevas cárceles para afectar la estructura financiera del crimen organizado y un aporte económico de los sectores con mayor capacidad económica para fortalecer a la Fuerza Pública. López insistió en que el problema requiere recursos y acciones concretas, no solo mensajes simbólicos.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestionó directamente al presidente Gustavo Petro, afirmando que la política de paz ha facilitado la expansión de grupos ilegales en el territorio. Indicó que Cali atraviesa una situación crítica y que se requiere la compra de equipos antidrones y un fortalecimiento inmediato de la Fuerza Pública. La congresista señaló que la seguridad del país no puede estar condicionada a la continuidad de una estrategia que, en su criterio, ha generado más riesgos para la población.

Gobernación de Antioquia había advertido en junio al Ministerio de Defensa sobre crisis de orden público en Amalfi