Juristas y promotores del Referendo por la Estabilidad Constitucional pidieron medidas urgentes para proteger el escrutinio electoral

La recta final del proceso electoral presidencial continúa generando pronunciamientos desde distintos sectores jurídicos e institucionales. En esta ocasión, los promotores del Referendo por la Estabilidad Constitucional, junto con reconocidos juristas del país, elevaron una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Procuraduría General de la Nación para que adopten medidas que garanticen la culminación oportuna del escrutinio y el cumplimiento de los plazos previstos por la Constitución para la realización de la segunda vuelta presidencial.

La petición fue suscrita por los abogados Mauricio Pava Lugo y Sergio Bueno Aguirre, impulsores del referendo, así como por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán, el expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas y el exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez Cabrera.

Los firmantes manifestaron su preocupación por las recientes declaraciones que han cuestionado la integridad del software electoral, la legitimidad del preconteo y la transparencia de las elecciones, sin que, según sostienen, se hayan presentado pruebas que respalden dichas afirmaciones.

De acuerdo con el documento enviado a las autoridades electorales, este tipo de señalamientos pueden generar incertidumbre en la ciudadanía y afectar el desarrollo normal de una etapa fundamental del proceso democrático como lo es el escrutinio de los votos.

Los juristas advirtieron que la Constitución establece tiempos precisos para la organización de la segunda vuelta presidencial y que cualquier retraso injustificado en la consolidación de los resultados oficiales podría afectar el calendario electoral.

La comunicación recuerda que el artículo 190 de la Constitución Política fija un término específico para la realización de la segunda vuelta, razón por la cual las autoridades deben garantizar que todas las etapas del proceso se desarrollen dentro de los plazos previstos por la ley.

En el documento también se hace referencia a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitido el pasado 10 de abril de 2026. Según los firmantes, esa decisión judicial concluyó que diversas afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral y presuntas irregularidades en los sistemas tecnológicos utilizados durante las elecciones constituían desinformación que podía afectar el proceso democrático.

De acuerdo con los promotores del referendo, el Tribunal determinó que no existían pruebas sobre la ocurrencia de fraude electoral, que el software de escrutinios no presentaba las vulnerabilidades que le habían sido atribuidas públicamente y que tampoco era cierto que el Consejo de Estado hubiera ordenado a la Registraduría adquirir un nuevo sistema tecnológico para las elecciones.

Por esa razón, señalan que la autoridad judicial ordenó rectificar dichas afirmaciones y abstenerse de repetirlas sin evidencia verificable de cara a los comicios del 31 de mayo y una eventual segunda vuelta presidencial.

A juicio de los firmantes, las declaraciones realizadas durante la jornada electoral reproducen los mismos cuestionamientos que motivaron aquella decisión judicial, situación que consideran preocupante para la estabilidad institucional y la confianza pública.

Ante este panorama, solicitaron al Consejo Nacional Electoral informar de manera clara el protocolo vigente para el desarrollo del escrutinio, garantizar que existan las condiciones necesarias para concluir el proceso dentro de los términos legales y adoptar las medidas correspondientes para que la declaratoria oficial de resultados se produzca oportunamente.

Asimismo, pidieron a la Procuraduría General de la Nación intervenir en el seguimiento del proceso electoral y convocar de manera urgente una Mesa de Garantías Electorales con participación de las autoridades competentes y las campañas presidenciales.

“Las elecciones terminan en las urnas, pero la democracia no termina el día de las votaciones. La democracia también exige que los resultados se consoliden dentro de los tiempos constitucionales y que las instituciones puedan cumplir su función sin presiones, amenazas o cuestionamientos sin sustento probatorio”, afirmó Mauricio Pava, vocero del Comité Promotor del Referendo por la Estabilidad Constitucional.

Los promotores insistieron en que la defensa de la Constitución no se limita a los debates sobre reformas institucionales, sino que también implica proteger los procedimientos que garantizan la legitimidad de las elecciones y la alternancia democrática.

“La Constitución de 1991 es la regla común que permite la competencia democrática entre quienes piensan distinto. Cuando se debilita la confianza en las instituciones electorales, se debilita la democracia misma”, concluyeron los firmantes, al hacer un llamado a las autoridades para preservar la transparencia electoral, proteger el escrutinio y asegurar el estricto cumplimiento de los tiempos constitucionales establecidos para el proceso presidencial.