(EN VIDEO) Defensoría del Pueblo desplegará 370 funcionarios en Bogotá para vigilar elecciones del 8 de marzo
Durante la quinta Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales de 2026, diferentes entidades del Estado presentaron las medidas que se implementarán en Bogotá para la jornada electoral del próximo 8 de marzo, en medio de reportes sobre situaciones de conflictividad asociadas al ambiente previo a los comicios.
Durante la quinta Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales de 2026, diferentes entidades del Estado presentaron las medidas que se implementarán en Bogotá para la jornada electoral del próximo 8 de marzo, en medio de reportes sobre situaciones de conflictividad asociadas al ambiente previo a los comicios.
En ese espacio institucional, la Defensoría del Pueblo informó que desplegará 370 funcionarios en las denominadas mesas de justicia que operarán durante la jornada electoral en la capital.
La defensora del Pueblo para Bogotá, Lina García, explicó que estos equipos estarán ubicados en varios puntos de la ciudad con el objetivo de atender situaciones relacionadas con los derechos de votantes y candidatos durante el desarrollo de las elecciones.
De acuerdo con lo señalado por la funcionaria, el personal de la entidad estará presente en las localidades de Engativá, Tunjuelito, La Candelaria y en una parte de Ciudad Bolívar. Además, la Defensoría anunció que también habrá acompañamiento en algunas mesas instaladas dentro del recinto de Corferias, uno de los principales puntos de votación y escrutinio de la capital.
García indicó que la entidad mantendrá presencia en los Puestos de Mando Unificado (PMU) de las localidades donde se realizará el acompañamiento, así como en el PMU distrital. En estos espacios se realizará seguimiento a cualquier situación que pueda presentarse durante la jornada electoral.
Como parte del esquema anunciado, la Defensoría también informó que activará un enlace directo con el analista del sistema de alertas tempranas de la entidad. Este mecanismo tiene como propósito reportar situaciones que puedan afectar el desarrollo de las elecciones o los derechos políticos de los ciudadanos.
Durante la misma comisión, una representante de la Fiscalía General de la Nación explicó que el ente investigador también participará en el acompañamiento institucional para la jornada electoral. Según indicó, la actuación de la Fiscalía se realizará con base en la resolución 850 del 25 de febrero de 2026.
En el marco de esa disposición, se anunció la presencia de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el objetivo de atender hechos que puedan constituir delitos electorales o conductas que afecten el normal desarrollo de los comicios.
Mientras se anunciaban estos dispositivos institucionales, la Defensoría del Pueblo presentó datos del monitoreo realizado por el Observatorio de Conflictividad Social sobre la situación del país en el periodo previo a las elecciones.
Según el informe divulgado durante la comisión, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se identificaron 35 eventos de conflictividad social asociados al contexto preelectoral. Los hechos se registraron en Bogotá y en municipios de los departamentos de Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
De acuerdo con el reporte presentado, la mayoría de estos episodios están relacionados con acciones dirigidas contra sectores de la oposición política, tensiones derivadas de la polarización entre grupos con posturas políticas distintas, controversias relacionadas con la inscripción de candidatos y situaciones que afectan el derecho a elegir y ser elegido.
La Defensoría señaló que las manifestaciones registradas en este periodo han adoptado distintas formas. Entre ellas se encuentran plantones, concentraciones, marchas, sabotajes en actos políticos y daños a vallas electorales. También se mencionaron disturbios durante algunas protestas y afectaciones a sedes de campaña.
Aunque el informe indica que una parte de estas expresiones ha tenido carácter pacífico, la entidad también reportó episodios recientes en los que se registraron agresiones, daños materiales y enfrentamientos entre simpatizantes de distintos sectores políticos en medio del ambiente previo a la jornada electoral.


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