Defensores de la Patria pidió intervención de la Procuraduría y denunció presunta participación del Gobierno Petro en campaña presidencial

En medio del ambiente político que vive el país de cara a la segunda vuelta presidencial, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por lo que considera una posible intervención del Gobierno Nacional en favor de una de las campañas que disputan la Presidencia de la República.

La organización informó que solicitó formalmente la intervención de la Procuraduría General de la Nación y puso en conocimiento de diversas misiones internacionales de observación electoral una serie de hechos que, a su juicio, podrían afectar la imparcialidad que debe caracterizar a las instituciones estatales durante una contienda democrática.

Según el documento, la inquietud principal gira en torno a la actuación de ministros y altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En el comunicado, Defensores de la Patria plantea una pregunta directa: “¿los ministros y altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro están cumpliendo sus funciones constitucionales o están actuando como integrantes del comando político de Iván Cepeda?”.

La organización sostiene que sus cuestionamientos no obedecen a un hecho aislado, sino a una serie de situaciones que, en su criterio, merecen ser evaluadas por los organismos de control y observación electoral. Entre ellas menciona declaraciones realizadas por el propio jefe de Estado durante el desarrollo de la campaña presidencial.

De acuerdo con el comunicado, el presidente Petro habría identificado públicamente a uno de los candidatos en contienda, promovido alianzas políticas para derrotarlo y manifestado la necesidad de conseguir millones de votos adicionales para la candidatura que respalda. Asimismo, la organización señala que el mandatario anunció que se pondría personalmente al frente de dicho propósito político.

A estas preocupaciones se suman, según Defensores de la Patria, los pronunciamientos realizados por algunos ministros del gabinete nacional, así como las controversias que se han generado alrededor del sistema de medios públicos RTVC y el eventual uso de capacidades institucionales del Estado con incidencia en el escenario electoral.

En ese contexto, el movimiento solicitó a la Procuraduría ejercer sus competencias preventivas y disciplinarias frente a los funcionarios públicos que pudieran estar involucrados en estas actuaciones. Además, pidió a las misiones de observación electoral de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, el International Republican Institute y Transparencia Electoral que mantengan un seguimiento especial sobre el desarrollo de la campaña y el comportamiento de las entidades gubernamentales.

“El Estado no puede convertirse en maquinaria electoral. Los ministros no pueden actuar como activistas de una candidatura”, señala el documento, que también enfatiza que “los recursos públicos, los medios institucionales y las capacidades del Gobierno pertenecen a todos los colombianos, no a una campaña presidencial”.

La organización insistió en que la segunda vuelta debe desarrollarse bajo condiciones de transparencia, equilibrio institucional y garantías para todos los sectores políticos. En su pronunciamiento concluye que “la segunda vuelta debe desarrollarse con reglas claras, equilibrio institucional y garantías reales para ambas candidaturas”.

El comunicado finaliza con una de las frases más contundentes del pronunciamiento: “Gustavo Petro debe decidir si gobierna para Colombia o hace campaña por Iván Cepeda”.

Por ahora, ni la Presidencia de la República ni los organismos mencionados en el comunicado se han pronunciado oficialmente sobre la solicitud presentada por Defensores de la Patria. Entretanto, el debate sobre la neutralidad institucional y las garantías electorales continúa ocupando un lugar central en la recta final de la campaña presidencial.